El Narcotráfico, la Minería informal y el Déficit Fiscal generan $us 4.500 MM de ingresos ilegales para la economía nacional

Por Edwin Miranda Vizcarra

La UIF reveló a Libre Empresa que salen de Bolivia mil millones de dólares año, a Paraísos Fiscales con el fin de blanquear capitales en el mundo. Dircabi habla de “varones del narcotráfico” y anuncia nuevas revelaciones para los siguientes meses.

Tres fuentes subterráneas que promueven actividades ilícitas, alimentan la economía nacional con cerca de 4.500 millones de dólares. El narcotráfico, la minería ilegal y el crónico déficit fiscal del Estado, declaró a Libre Empresa el economista, Rolando Morales.

El destacado profesional en el área financiera y económica en él país, apuntó además que dos de las fuentes identificadas: el narcotráfico y la minería ilegal “no están contabilizadas” en las cuentas públicas.

El narcotráfico llega a generar entre 2.000 a 2.500 dólares y la minería cooperativizada ilegal,  podría estar produciendo cerca de 1.000 millones de dólares, precisó cifras, el experto.

La OEA  en un informe sobre la economía ilegal que genera el narcotráfico, ya puso el dedo sobre la llaga cuando habló sobre la minería en Bolivia, el Perú y Chile, además de la Argentina.

La industria de la minería es actualmente una de las principales fuentes del crecimiento económico en la región andina –y una fuente importante de dinero lavado. En algunos casos, las organizaciones criminales convierten el oro en joyería, la cual puede ser transportada con mayor facilidad que el dinero en efectivo, reportó la organización internacional. De hecho en el Perú, en el gobierno del expresidente Alberto Fujimorí, el expadrino mayor de ese gobierno, Vladimiro Montencinos, reveló en su momento que una forma de lavar dinero en el Perú durante el gobierno que regentó, era comprar “relojes caros hechos o bañados en oro”.

En lo que respecta al déficit fiscal, Morales explicó que éste llegó al 8% del Producto Interno Bruto (PIB), equivalente aproximadamente los $us3.500 millones.

 Ahora bien ¿cómo y bajo qué condiciones está siendo financiado?, es un tema oscuro que las autoridades económicas del Estado manejan en reserva, pero que sin embargo, sus efectos se traducen en la presencia de mayor circulante (moneda en efectivo) en la economía nacional que podría estar bordeando los 1.000 millones de dólares, enfatizó.

La Organización de Estados Americanos (OEA), en un estudio que hizo sobre la economía de la droga en los países de América, señala que la ONU calcula que en los países en Latinoamérica, los ingresos anuales provenientes de las drogas ascienden a alrededor de $us.150.000 millones –poco menos de la mitad del volumen mundial– aunque otras estimaciones son más bajas. Norteamérica actualmente representa una proporción predominante del total hemisférico, lo cual se debe tanto a precios más elevados como a una prevalencia mayor, aunque esto podría cambiar en el futuro, señala el referido estudio.

$us.2000 por cada habitante

Según Morales la existencia de una cantidad exorbitante de moneda ilegal en la economía nacional,  lo que está haciendo es proporcionar, a cada uno de los habitantes en el país, ingresos adicionales por cerca de los 2.000 dólares al año, si consideramos que mensualmente la población puede acceder a unos 400 dólares extras cada mes, subrayó.

“Definitivamente la gente tiene más plata en el bolsillo para gastar”, asegura Morales. El aumento del comercio interior, la importación cada vez más significado de vehículos suntuosos y bienes de uso personal no indispensables, sumado a la creciente actividad de la construcción, “demuestran de qué manera la economía ilegal del narcotráfico, la minería ilegal y el financiamiento del déficit fiscal, alimentan, desde hace varios años, la economía formal del Estado”, justificó el economista.

Más de la mitad de la actividad económica de Bolivia se lleva a cabo en el sector informal, y a menudo ilegal. El contrabando ha sido durante mucho tiempo el sustento de las comunidades en las cinco porosas fronteras de Bolivia y esta industria ilegal emplea a muchos más bolivianos que el tráfico de drogas. De hecho, el contrabando es una industria ilegal tolerada. Los autos de contrabando —muchos de ellos robados en Chile— constituyen un alto porcentaje de los que se conducen por las carreteras de Bolivia.

Esta cultura implica que hay pocos o ningún reporte de la actividad económica, ilegal o no, a las autoridades. 

Muchas comunidades locales, no sólo a lo largo de las fronteras, viven del sector informal o ilegal. Esto significa que estas comunidades tienen un gran interés en proteger la economía ilegal, lo que hace extremadamente difícil el trabajo de los cuerpos de seguridad. 

Incluso ha habido ejemplos de comunidades que se enfrentan a las fuerzas de seguridad que intentan reprimir el tráfico de drogas. En la comunidad de Yapacaní, en el departamento de Santa Cruz, hubo constantes protestas contra la construcción de una base antinarcóticos.

Con respecto a la minería ilegal, Morales señala que de acuerdo a estimaciones oficiales, se cree que existen 140 mil cooperativistas informales. “Suponiendo que cada uno de ellos gane el salario mínimo nacional de Bs2.122, al mes, esto significa que entran al menos mil millones de dólares a la economía y que no están contabilizados por las cuentas fiscales”, afirmó.

Según Morales, todos los déficits se financian. La pregunta es ¿cómo estamos financiando el déficit?. Nos estamos prestando plata del exterior, responde. 

Si esto es así, esto significa un aumento de la demanda de bienes y esto permite solucionar el déficit fiscal, apuntó. 

Para la OEA, el lavado de activos lleva a involucrar a actores económicos “legales” en actividades ilegales, generando áreas “grises” en las que actores aparentemente legales participan en acciones claramente ilegales.

Tradicionalmente, el dinero en efectivo primero era contrabandeado de los Estados Unidos a México y luego una porción era enviada a Colombia a través de diversos métodos, incluido la transferencia de efectivo en grandes cantidades. 

Recientemente, los recursos financieros por lo general son transferidos directamente de Estados Unidos a los países fuente.

Al imponer muchos países mayores controles en sus sistemas financieros para vigilar las transacciones en efectivo, el contrabando de dinero se ha convertido en uno de los mecanismos más importantes para la distribución de los ingresos a lo largo de la cadena de producción de drogas. 

Esto se puede comprobar por el aumento de los decomisos de dinero en efectivo en los puertos y aeropuertos, en cuanto al número y monto total de las confiscaciones.

Se estima que las ganancias relacionadas con las drogas disponibles para el lavado de activos a través del sistema financiero ascienden del 0,4 al 0,6% del PIB mundial. 

Se estima que cerca de la mitad de estas ganancias son blanqueadas dentro de la jurisdicción donde se han generado, ingresando al sector bancario o de bienes inmuebles o a través de otros tipos de inversiones.

Salen de Bolivia cada año $us1.000 MM a Paraísos Fiscales

“De Bolivia salen unos 1.000 millones de dólares a Paraísos Fiscales”. La revelación corresponde a la Directora Ejecutiva de la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF), Teresa Morales Olivera

Para la autoridad la cifra corresponde a estadísticas oficiales que tiene en carpeta la UIF de la Gestión 2016. 

“Ese dato lo tenemos, no sabemos si años anteriores salió más, pero hay una suma importante de dinero que está saliendo como fuga de capitales”, apuntó Morales.

En declaraciones exclusivas a Libre Empresa en la ciudad de La Paz, Morales señaló que los Paraísos Fiscales, lo que hacen es “lavar dinero, o blanquear capitales” provenientes de actividades como el narcotráfico, trata de personas, terrorismo, corrupción, contrabando y otro tipo de acciones ilegales. Los millonarios fondos salen a Panamá, las Bahamas e Islas Vírgenes.

La autoridad señaló también que en lo que va de un año y tres meses que está al frente de la UIF, remitió a la Fiscalía al menos 300 informes sospechosos de legitimación ilícita de capitales. 

De esta cantidad de casos “el 80% fueron judicializados, es decir, son casos en los cuales hay pruebas de que alguien envió a un Paraíso Fiscal, un millón de dólares”, afirmó.

Libre Empresa preguntó a Morales si la UIF tiene cifras oficiales sobre la cantidad de dinero proveniente del narcotráfico que estaría siendo lavado en la economía nacional.

“Estamos en un estudio, el primero que se va hacer en Bolivia, sobre evaluación nacional de riesgos. Tenemos expertos en lavado de dinero que llegaron del Uruguay, del Fondo Monetario Internacional, y de la UNODC (dependiente de las Nacionales Unidas para lavado de activos), con sede en Colombia. 

Con este equipo, además de economistas bolivianos, vamos sacar un diagnóstico, no solo de la cantidad de dinero que se lava en el país, pero además en que actividades se está blanqueando más dinero”, respondió la autoridad.

Estas acciones que está emprendiendo la UIF, también se enmarcan en objetivos concretos de gestión institucional y cumplimiento de metas, debido a que Bolivia, está pronta a ser evaluada, una vez más, por el Grupo de Acción Financiera Internacional, el próximo año, en temas de lavado internacional de capitales, anunció Morales.  El examen será el 2020 y culminará el 2021, precisó la autoridad.

El lavado de dinero es relativamente sencillo en Bolivia. El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), un organismo intergubernamental, retiró en 2013 a Bolivia de su “lista gris” de países que no están haciendo lo suficiente para combatir el crimen, después de que el Congreso aprobara una legislación básica contra el lavado de dinero. Sin embargo, casi no hay controles sobre el sistema bancario. Sólo se han abierto un puñado de investigaciones sobre lavado de dinero y ha habido aún menos condenas. Morales aseguro que Bolivia no solo aprobará normas, sino que establecerá mecanismos e instrumentos eficientes y eficaces que permitan prevenir e identificar operaciones de Legitimación de Ganancias Ilícitas (LGI), Financiamiento al Terrorismo (FT) y/o Delitos Precedentes (DP) y maximizar el procesamiento de casos, señaló Morales como objetivo estratégico que busca consolidar la UIF.

“Pedro”, un traficante de drogas en Santa Cruz, le dijo a InSight Crime que él había visto a delincuentes internacionales llegar a las empresas constructoras con maletas llenas de dinero en efectivo, y que el lavado de dinero en Bolivia era a menudo así de simple.

La economía de las drogas ilícitas necesita ocultar el origen ilícito de sus bienes y los flujos, a fin de integrarlos al sistema económico legal. 

Los fondos generados en la economía de las drogas ilegales ingresan a la economía legal a través del lavado de activos, que comprende un conjunto de actividades dentro y fuera del sistema financiero con el objeto de legitimar sus ganancias obtenidas a través de acciones delictivas.

10 millones de dólares en bienes incautados al narcotráfico

Para lavar los activos procedentes de las drogas e ingresarlos al sistema financiera formal se pueden utilizar varios métodos. Entre ellos se incluyen, la sobrefacturación de las importaciones, la compra de tarjetas prepagas de sistema abierto, el cambio de divisas digitales, el envío de dinero a través de más de 200 sistemas de pago electrónico, y a través del lavado de dinero en negocios que basan sus operaciones en transacciones en efectivo –tales como hoteles, casinos, y empresas de construcción– que son controlados por grupos criminales organizados. 

Además, las compras de drogas se pueden blanquear a través de la compra y reventa de bienes raíces, vehículos y otros bienes suntuarios. Aun cuando están vigentes diversas regulaciones financieras, los registros de las transacciones inmobiliarias con frecuencia permanecen en manos de diferentes notarios públicos y es difícil rastrearlas, lo cual convierte a los negocios inmobiliarios en un método favorable tanto para el consumo como para el lavado de las ganancias procedentes de las drogas.

Al respecto el Director Nacional de Dirección Nacional de Registro, Control, y Administración de Bienes Incautados al Narcotráfico (Dircabi), Marcelo Gutiérrez, reveló a Libre Empresa que solo en lo que va de los meses de marzo y abril de 2019, logró secuestrar al menos 500 mil dólares americanos en dinero efectivo a bandas criminales dedicadas al tráfico ilícito de drogas y que aparentemente estaban destinados a introducirse en la economía formal.

Los montos millonarios estaban destinados a “pagar por el tráfico ilícito de drogas” en el territorio nacional. El golpe certero puso en evidencia, cómo y bajo qué condiciones, las organizaciones criminales operan en el Estado.

La información, no hizo otra cosa que abrir los ojos a un problema, el de la administración, resguardo y disposición, de los bienes incautados al narcotráfico, que a diario debe resolver la DIRCABI, para estrangular actividades criminales, por un lado, y por el otro, hacer los esfuerzos necesarios para que el patrimonio que genera el narcotráfico, pueda llegar a beneficiar a la población.

En lo que va de la gestión 2018, Gutiérrez informó que DIRCABI promovió bajo el instituto jurídico de pérdida de dominio, por el cual los bienes incautados al narcotráfico pasan a propiedad definitiva del Estado, sin esperar una sentencia ejecutoriada en contra del o los responsables del delito penal,  más de 200 acciones. 

“Logramos más de 20 sentencias el año pasado. Para este año vamos a informar sobre la existencia de temas paradigmáticos en contra de grandes narcotraficantes”, adelantó Gutiérrez.

Con la Pérdida de Dominio, este año vamos afectar por lo menos 500 bienes incautados al narcotráfico, sin necesidad de esperar una sentencia ejecutoriada, informó el director de DIRCABI.

El caso de Pedro Montenegro, que destapo vínculos de autoridades de la Policía Nacional, el Órgano Ejecutivo y Empresarios Privados con actividades ilícitas con el tráfico de drogas, es emblemático pero no el más significativo, comenta Gutiérrez.

En ese sentido adelantó que en los próximos meses DIRCABI pondrá al descubierto a verdaderos varones del narcotráfico que aún campean en el Estado y tienen patrimonio inmobiliario multimillonario.

Menciono, por ejemplo, que por primera vez el Estado pondrá a subasta pública una hacienda en el Beni de aproximadamente 80.000 hectáreas de nombre Villa Alejandra.

El Director Ejecutivo de DIRCABI, informó también que en el proceso de  transparencia  que se implementó en la Dirección de Registro, Control y Administración de Bienes Incautados, permitió en los  últimos dos años monetizar más de 10 millones de dólares, que quintuplica la cifra que se registraba en los anteriores 40 años de existencia.

Mafias del narcotráfico encubiertas con el contrabando

Bolivia llegó a tener sus propias mafias. La más destacada estuvo dirigida por Roberto Suárez, conocido como “El rey de la cocaína”, quien incluso llegó a trabajar con Pablo Escobar y el Cartel de Medellín. 

A mediados el año 1995, Luis Amado Pacheco, alías “Barbaschoca”, puso al descubierto cómo un nacotraficante ligado al Catel Jalisco de México, logró comercializar toneladas de droga cristalizada desde el aeropuerto internacional de El Alto de la ciudad de La Paz. 

Hoy el crimen organizado en el país está limitado principalmente a clanes criminales, los cuales participan en una amplia variedad de actividades delictivas, principalmente el contrabando.

En ocasiones, estos clanes involucrados en el tráfico de drogas también participan en la producción de base de coca. 

Según una fuente de alto nivel en la policía boliviana, el más sofisticado de estos clanes puede reunir hasta mil kilos de base de coca y enviarlos a los grupos del crimen organizado brasileño. Esta base de coca, o pasta de cocaína, posteriormente abastece el mercado del “basuco”.

El basuco es como el crack, una forma altamente adictiva de la droga que se fuma. Es más barato de producir que la cocaína, y el pico de su efecto es intenso pero de corta duración, haciendo que los adictos lo consuman de manera repetida y prolongada, lo que genera un daño permanente en su salud. Al igual que la epidemia del crack en Estados Unidos en los años ochenta, que dio lugar a la guerra contra las drogas, Brasil, y en menor medida Argentina, ahora están luchando para controlar la creciente cantidad de consumidores de basuco. Bolivia es el principal proveedor de ambos países.