Proyecto de ley busca destinar 5% de las regalías mineras a operaciones de remediación ambiental en el Estado

• De aprobarse la norma, los Gobiernos Departamentales tendrán que aprobar planes de remediación ambiental anualmente, adelantó, Ana María Castillo, secretaria del Comité de Asuntos Exteriores Interparlamentarios y Organismos Internacionales de la Cámara de Senadores.

Por Bolivia Energía Libre-La Paz

De aprobarse en la Asamblea Legislativa Plurinacional, los Gobiernos Departamentales tendrán que destinar 5% de las Regalías Mineras (RM) a proyectos específicos de remediación ambiental por extracción de minerales en el Estado, dispone un proyecto de ley propuesto por la senadora, Ana María Castillo.

“Establecer la Redistribución de la Regalía Minera, a fin de consolidar un Fondo Económico permanente, estable y de disposición inmediata, para mitigar los impactos negativos producto de los pasivos ambientales mineros, generados por actividades antrópicas mineras que no fueron oportunamente y adecuadamente tratados, que causan daños a la salud y al medio ambiente”, señala el objetivo general del proyecto de ley al que tu acceso Bolivia Energía Libre (BEL).

El proyecto fue elevado en consulta al Órgano Ejecutivo para luego iniciar su tratamiento en la Asamblea Legislativa y, después, sancionarla como Ley del Estado, adelantó la legisladora que, en las últimas semanas, promovió intensas actividades de socialización de la propuesta para que los actores mineros en el Estado: minería estatal, privada y cooperativas, conozcan los alcances que tiene, junto a autoridades de los Gobiernos Autónomos Departamentales.

Con este fin la propuesta introduce modificaciones al Artículo 229 de la Ley de Minería y Metalúrgia No. 535 de 24 de mayo de 2014 con los parágrafos IV y V bajo el siguiente texto: “Artículo 229 (Distribución). Del 85% de la Regalía Minera-RM asignada a los Gobiernos Autónomos Departamentales productores, destinarán el 5% a proyectos de mitigación y/o remediación de pasivos ambientales mineros”.

La propuesta de ley dispone además que las gobernaciones podrán destinar 5%, adicional, provenientes de las RM, a actividades de prospección y exploración minera para que sean ejecutados por Sergiomin (Servicio Geológico Minero), en el departamento que corresponda.

En ambos casos, es decir, ejecutar planes de mitigación y exploración, las gobernaciones serán responsables de llevar adelante a través de convenios intergubernativos, indica la propuesta de ley.

Castillo puntualizó que las modificaciones que plantea a la Ley de Minería, en realidad busca alcanzar dos objetivos. Primero, destinar fondos específicos, anualmente, para remediación de pasivos ambientales en el Estado y, segundo, respaldar, jurídicamente, a los Gobiernos Departamentales, para que puedan disponer de recursos destinados a preservar el medioambiente, y asegurar proyectos de prospección minera que tengan como línea de acción, el respeto al ecosistema.

Una encuesta que promovió la legisladora en las nueve gobernaciones estableció, por ejemplo, que del 10% que actualmente dispone la Ley de Minería para ejecutar planes de mitigación al medioambiente y prospección minera, solo gastaron el 2% durante los últimos años.

“La pregunta fue ¿qué paso con ese dinero, a dónde fue a parar?”, comentó Castillo a modo de exponer, razones y motivos, por los cuales optó por redactar una reforma a la Ley de Minería.

“En Potosí de los Bs 400 MM que recibió por concepto de regalías mineras, solamente gastó Bs 18MM. No invertimos más, no hay una norma específica que nos permita hacerlo”, subrayó a modo de ejemplo la senadora.

La situación cambiará, significativamente, con la propuesta. Según Castillo los ajustes permitirán, por ejemplo, generar un fondo específico para el tratamiento de aguas ácidas, y pasivos ambientales para la prevención y reducción de la contaminación; contemplará acciones para la mitigación y el tratamiento de las aguas ácidas generados por los residuos mineros metalúrgicos, y bocaminas abandonadas; pero además garantizará, a través de la aplicación del principio de responsabilidad, que los impactos ambientales producidos a lo largo de la historia y constituyen un riesgo permanente para el ecosistema, sean mitigados.

Pero no solo eso, la senadora va más allá. Asegura que la reforma permitirá definir, con precisión, que es pasivo minero ambiental en Bolivia. “Lastimosamente en nuestro país no existe una definición oficial para pasivos ambientales mineros a pesar de que constituyen un peligro latente para el ecosistema, la sociedad y el Estado”, alertó.

Actualmente en los departamentos donde la actividad minera es febril: Potosí, Oruro, La Paz, Cochabamba y recientemente, Chuquisaca y el Beni, existen pasivos ambientales de extrema delicadeza que necesitan atención prioritaria y urgente remediación.

Así, por ejemplo, todos los desmontes y colas producto de los procesos minero-metalúrgicos fueron generados sin contemplar el cuidado y preservación del medioambiente. “Estos pasivos ambientales son islas altamente contaminantes ya que contienen metales pesados por efecto de la meteorización o por acción de los agentes atmosféricos (oxígeno, agua y sulfuros que tienen origen en los residuos mineros), apuntó la legisladora.

En la ciudad de Potosí, para citar algo extremo, la población vive y esta expuesta a colas y desmontes mineros.

La Corporación Minera de Bolivia (COMIBOL), desplegó planes específicos para encapsular parte de los desechos mineros, pero la falta de dinero genera dificultades que restan alcanzar objetivos propuestos.

La región también reclamó atención estructural a medianos de año cuando un dique de colas de una cooperativa minera asociada a Fedecomin, colapso y echó aguas ácidas al río Pilcomayo, un cause que atraviesa tres departamentos (Potosí, Chuquisaca y Tarija) y tiene presencia internacional pues llega hasta la República Argentina.

En este caso particular, la Gobernación tuvo que extremar esfuerzos para remediar el daño ambiental, pero, la falta de recursos económicos, fue al parecer, un óbice que impidió, desplegar acciones más contundentes para mitigar la incidencia.

Castillo considera que la propuesta de ley ayudará a resolver parte de estos problemas, sobre todo, presupuestarios, para que las gobernaciones puedan encarar tareas específicas de mitigación que irán en beneficio directo de la población y el medio ambiente.

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