España quiere bajar 7% el consumo de gas en invierno con un plan de ahorro que impone multas millonarias
Por Europa News / Bolivia Energía Libre-La Paz
“Una restricción a nuestras libertades”, opina Telmo García, de 27 años, sobre el decreto de ahorro energético que se publica este martes en el Boletín Oficial del Estado. El Gobierno español ha presentado una batería de medidas para ahorrar energía de cara al invierno y cumplir así con el compromiso europeo de reducir en un 7% la demanda de gas.
Esta primera tanda de propuestas incluye mantener el aire acondicionado a 27 grados en verano y la calefacción a 19 en invierno. En un principio, será obligatorio en todos los edificios públicos y comerciales, entre los que se incluyen los bares, cines, teatros, aeropuertos y estaciones de tren. La medida se extiende como una recomendación a los hogares españoles.
Algo que no ha sentado bien entre la población que se pregunta si una temperatura tan alta en verano es óptima para trabajar. “Ahora mismo, quizá sugestionada por la ola de calor que estamos viviendo, diría que con 27 grados pasaremos mucho calor. Quizás podríamos trabajar a 25 grados, pero no a 27”, asegura Andrea Castillo, que trabaja en una universidad pública.
El Gobierno ha asegurado que puede ser flexible para “garantizar las condiciones de seguridad laboral o siempre que esté justificado por condiciones térmicas”. Y su aplicación será vigilada por parte de las comunidades autónomas.
“En términos generales, se puede trabajar a 27 grados, pero para alcanzar esa temperatura en zonas cálidas, es necesario poner el aire acondicionado a 22 o 23 grados durante un par de horas, por eso me preocupa que no se permita superar los 27 grados en ningún momento”, sostiene Laura Berge, funcionaria de profesión.
“En ese caso habría que encender el aire con bastante anticipación y sería contraproducente en términos de ahorro energético”, añade.
Su compañera de mesa, María Isabel Ruiz, opina lo mismo. «Estoy a favor de que se ahorre energía y sé que esto exige sacrificios, pero estas temperaturas que proponen no son adecuadas. Tendría que variar en 2 o 3 grados para adecuarla a la temperatura del exterior, ya que en cada región de España es distinta».
La nueva norma durará 16 meses y estará en vigor hasta noviembre de 2023. El Ejecutivo ha dado un plazo de siete días desde su puesta en marcha para que los establecimientos se adapten a las exigencias en cuanto al control de la temperatura. Además, los comercios deberán tener las puertas cerradas para evitar que el frío o el calor se escapen.
Para controlar la temperatura, los establecimientos deberán contar con luminosos visibles que informen a los ciudadanos de la temperatura en el interior.
Negociación con el Gobierno
Por su parte, los sindicatos comentan que se han enterado de las propuestas a través de los medios de comunicación. “Vemos que es un ahorro energético y es bueno para el cambio climático, pero nuestra preocupación es que afecte a las familias, especialmente a las más vulnerables”, apunta Ana Isabel Gracia, Secretaria de Políticas Sociales y Vivienda de UGT.
El sindicato, uno de los más relevantes en el país, dice que el plan todavía es “muy ambiguo y no hay nada concreto”.
“En lugar de sacar unas medidas globales se debería de concretar por establecimientos para que puedan tener una temperatura distinta. No es lo mismo trabajar, por ejemplo, en un lugar donde hay mucha maquinaria y la temperatura es muy alta, que en otro tipo de entorno donde no haya nada de eso”, sostiene Gracia.
Sin embargo, asegura que, ahora mismo, hay establecimientos que tienen la temperatura a 16 o 17 grados, algo que debería modificarse. “Hay estudios que dicen que la temperatura óptima son 24 grados. Por eso, quizás, en lugar de subirla a 27 grados, podríamos quedarnos en 25”.
La portavoz de UGT comenta que es necesario que los sindicatos se sienten con el Ejecutivo para negociar una posible flexibilización de los sitios a los que se les aplica la restricción y el mínimo de grados.
“Europa necesita nuestra ayuda”
“No nos podemos permitir perder ningún kilovatio hora”, señalaba la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, en la rueda de prensa celebrada tras la aprobación de la norma en el Consejo de Ministros. “Europa necesita nuestra ayuda”, aseguraba.
También recordaba que cada grado menos supone un ahorro del 7% del consumo y ha adelantado que se implementará un régimen sancionador para aquellos que no cumplan la norma.
Ribera animaba a las familias a sumarse al ahorro energético y aplicar la norma de forma voluntaria en sus hogares. «Así se conseguirá una reducción en el importe de su factura», afirmaba y agradecía a las asociaciones empresariales el «compromiso» con este esfuerzo «colectivo».
Otra de las medidas que incluye este paquete de ahorro, y que no ha pasado desapercibida, es la que establece apagar las luces de los escaparates y edificios cuando no estén ocupados. El apagado se realizará a partir de las 22:00 horas. El decreto también afectará a cualquier iluminación decorativa de fachadas de edificios y monumentos.
El Gobierno regional de la Comunidad de Madrid, cuya presidenta Isabel Díaz Ayuso pertenece al Partido Popular, ya ha anunciado que incumplirá el plan de ahorro energético. Ayuso ha asegurado que se «niega a apagar Madrid» y que el plan del Ministerio «genera inseguridad y espanta el turismo y el consumo».
