La ANP decide el futuro del gas Boliviano en el mercado del Brasil
Como se recordara Decio Odone, en la década pasada, fue el presidente del Grupo Petrobras en Bolivia, responsable tanto de la exploración y explotación, así como las plantas de refinación en Cochabamba y Santa Cruz.
Hace algún tiempo dejo la empresa emblemática de producción petrolera que tiene el Coloso del Sur en el mundo. Tras su paso por Petrobras fue elegido como Director Ejecutivo de la Agencia Nacional del Petróleo de Brasil (ANP), el ente regulador por excelencia en el país vecino.
En su calidad de máxima autoridad reguladora hizo la siguiente declaración hace algún tiempo: “… Bolivia perdió la oportunidad única que se abrió la década pasada… de duplicar el gasoducto, descubrir más reservas y así acaparar una porción más importante del mercado brasileño…”
En correlato con lo anterior, un ex funcionario de la entonces Superintendencia de Hidrocarburos de Bolivia informó que se presentó, al ente regulador brasileño, una solicitud de ampliación del gasoducto Gastransboliviano S.A. (GTB) para duplicar la capacidad de exportación de gas.
GTB, es el concesionario del gasoducto de Bolivia a Brasil en merito a la Resolución Administrativa SSDH 358/1997 de 25 de julio de 1997, otorgada por la entonces Superintendencia de Hidrocarburos (SH), actualmente Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), por el plazo de 40 años.
La empresa petrolera administra el GSA, el gasoducto de 32 pulgadas de diámetro que posee cuatro estaciones de compresión y tres de medición; y se extiende por cerca de 557 kilómetros de longitud entre ambos países.
El GSA conecta las reservas del gas natural boliviano con los mercados del Brasil que se extienden en 135 ciudades de ese país, llegan a cinco estados (Mato Grosso do Sul, São Paulo, Paraná, Santa Catarina y Rio Grande do Sul), e indirectamente beneficia a otros dos más (Río de Janeiro y Minas Gerais) a través del gasoducto TBG – Transportadora Brasileira Gasoduto Bolívia – Brasil S.A., que tiene 2.593 kilómetros de longitud en territorio brasileño.
Los gasoductos conectados cuentan con 3.150 kilómetros de extensión, lo que lo convierte en el más grande de América Latina, y en su momento la mayor inversión del sector privado en este lado del mundo.
Lamentablemente la solicitud de loop que duplicaba la capacidad del gasoducto Bolivia –Brasil y por ende la firma de un nuevo contrato de Compraventa de Gas Natural por otros 30 MMmcd, que sumados a los que se firmaron en la década de los 90 y que ascendía a más de 60 MMmcd, no logró materializarse.
De haberse llegado a un final feliz, los efectos que iba a generar en la industria de los hidrocarburos en Bolivia hubieran sido significativos.
En principio habrían generado incentivos importantes para la exploración de nuevos yacimientos de hidrocarburos, y para el arribo a territorio nacional de nuevas inversiones millonarias para el sector.
Podríamos haber también duplicado de $us. 30.589 millones a $us. 60.000 millones, los ingresos por la venta de gas natural al Brasil.
Lamentablemente el acto de la nacionalización de los hidrocarburos, echó por la borda los planes de crecimiento y desarrollo del sector.
Fue en los hechos un error estratégico por varios motivos, pero fundamentalmente debido a que éste suceso trasmitió al mundo señales negativas y de inseguridad jurídica, cuando el entonces Presidente Evo Morales Ayma ingresó con militares a una parte de los yacimientos que administraba Petrobras en Bolivia.
El efecto fue desbastador además para muchos brasileños que consideran que Petrobras es considerado uno de los iconos más emblemáticos de ese país, como lo es el carnaval y el futbol.
Inclusive los sectores de derecha de ese país, reclamaban airadamente al Presidente Lula Da Silva no haber mandado el ejército para evitar la humillación ante el Mundo.
Los resultados inmediatos de la nacionalización de los hidrocarburos, fue que el Brasil ya no era confiable para administrar los contratos de venta de bienes que tenía con el mundo.
La reacción inmediata del Presidente del Brasil, fue la incorporación de la política de Estado de la Seguridad Energética, y por ende ordenó buscar otros mercados de oferta que no incluía Bolivia.