Proponen reformas al Código Tributario, bajar aranceles y crear incentivos fiscales para golpear al contrabando
Por Edwin Miranda V. / Bolivia Energía Libre-La Paz
Una medida que podría contribuir a diezmar la actividad nociva del contrabando tiene que ver con reducir de 200.000 a 50.000 UFVs la cuantía de la evasión fiscal por el pago de tributos, para sancionar como conducta típicamente antijurídica y por lo tanto, castigada con pena de cárcel para quién o quienes promuevan el contrabando de mercadería, planteó el Presidente de la Cámara Nacional de Industrias (CNI), Ibo Blazicevic, el Gerente General de la Cámara Nacional de Comercio (CNC), y Ian Miranda. Jefe de Representación Empresarial de la CAINCO.
El líder empresarial de la CNI señala que la norma en actual vigente lo que hace es sancionar, con pena privativa de libertad, si acaso una persona –natural y/o jurídica-, es sorprendida internando mercadería por igual o superior a los 200 UFV.
“Hay una disposición en el Código Tributario que dice que a un monto mayor a 200 UFV, un monto mayor al millón de bolivianos, solo así podrá ir a la cárcel, esto equivale, por ejemplo, a cuatro tráileres llevando cerveza”, ilustro el líder de los industriales.
“Hay que cambiar esa disposición”, sugirió el empresario y en seguida añadió también la urgencia de hacer cambios a la certificación del Impuesto Directo al Consumo (ICE) “modernizando, aplicando un código de barras electrónica, por ejemplo”, propuso.
Mucho más directo, el diputado Mario Roca, ex director del SIN en el gobierno del expresidente, Gonzalo Sánchez de Lozada (1993-1997), propuso una reforma integral a la política monetaria y fiscal en el Estado.
Pero ¿cómo será posible abordar una reforma integral a la estructura fiscal del Estado?
Para Roca si bien el tema es amplio, es necesario comenzar a plantear reformas para impulsar un verdadero desarrollo y frenar el contrabando.
En este sentido planteo tres ejes que debería abordar está política nacional: el primer eje es saber cómo recaudamos los impuestos, el segundo, cómo distribuimos esa recaudación y tercero, cómo lo gastamos.
“Hasta ahora los tres ejes están mal, es decir, no sabemos lo que hacemos”, apuntó Roca a modo de reflexión.
El Vicepresidente de la Cámara Nacional de Industrias (CNI), Pablo Camacho y el diputado por Comunidad Ciudadana (CC), Mario Roca, secundaron la iniciativa empresarial pero con particularidades propias.
A su turno el Presidente de la Cámara de Industria, Comercio, Servicios y Turismo de Santa Cruz (CAINCO), Fernando Hurtado, exigió la urgencia de aprobar incentivos fiscales a la formalización para tener una base de emprendimientos cada vez más amplia, que aporte con impuestos y con empleos.
Pidió asimismo reemplazar la fiscalización tributaria que ejerce a empresas formales en centros urbanos, con el despliegue de actividades similares en los cordones fronterizos que tiene el Estado con varios países circunvecinos.
“Necesitamos equidad, que los esfuerzos no se vayan solo a fiscalizar y sobre regular a quienes ya tributan”, afirmó.
Para la Cámara de Industrias, Comercio y Turismo de Santa Cruz (CAINCO), la actividad económica informal es aquella que (sin incurrir en la criminalidad) se aparta del marco legal-regulatorio e incumple obligaciones con sus trabajadores (seguridad social, industrial) y con el Estado (fisco).
En este sentido la entidad empresarial señala que Bolivia es el país con mayor grado de informalidad en la región y el mundo.
En este sentido, por ejemplo, el 85% de las actividades económicas no tributan al fisco y llega al 83% la población Económicamente Activa (PEA) que carece de seguridad social de largo plazo, mencionó la CAINCO.
El drenaje de recursos que resta la informalidad a la economía es significativo. Según la CAINCO en la actividad industrial suma $us330 MM, en Servicios llega a $us1.006 MM, mientras que en Comercio alcanza $us931 MM.
En total las actividades informales quitan al erario nacional ingresos estimados en $us2.267 MM.
Para formalizar las actividades económicas, la CAINCO señala la aprobación de incentivos fiscales. En este sentido detalla el siguiente planteamiento para modificar el Código Tributario.
Reducir el Impuesto a las Transacciones a su máxima expresión en la cadena de alimentos, instando al gobierno a la promulgación de una ley específica como mecanismo para desincentivar la actividad informal y el contrabando de productos alimenticios.
La entidad empresarial también planteó la necesidad de gestionar la modificación de las normativas municipales, con la finalidad de que las alcaldías, suspendan la licencia de funcionamiento, clausuren temporalmente y/o multen a los comerciantes ante el descubrimiento de alimentos sin registro sanitario, por ende, de contrabando.
El gobierno apura decisiones fiscales
El Viceministro de Lucha Contra el Contrabando, Pedro Vargas, anunció Activo$ Bolivia que el gobierno está trabajando en decisiones fiscales que tiene que ver con hacer “modificaciones al Código Tributario en el capítulo referido a tipificar al tráfico ilegal de mercaderías como delito penado con la cárcel”.
“Estamos trabajando en ese sentido y en los próximos días habrá sorpresas con anuncios, reformas tributarias”, adelantó.
Quién sin embargo dejó sentando que por ahora no existen planes para mirar cambios al Código Tributario, fue el Presidente de la Comisión de Política Económica, Omar Yujra de filas del MAS-IPSP, para quién está opción aún debe ser analizado y propuesto por el Órgano Ejecutivo a través del Ministerio de Economía, el Servicio Nacional de Impuestos Nacionales y el Viceministerio de Política Tributaria.
¿Por qué no existe una reforma puntual a las 200.000 UFV para combatir el contrabando, es decir, reducirlo por lo menos a 50.000 UFV para que el tráfico ilegal de mercaderías pueda ser considerado delito?, preguntó Datos a Yujra.
“El Viceministro de Lucha contra el Contrabando, tendrá que pronunciarse al respecto”, respondió el parlamentario oficialista a pesar que tiene la responsabilidad de proponer reformas y leyes en el Estado, no así una entidad del Órgano Ejecutivo.
Ante la insistencia de este medio de solicitar una posición oficial al respecto, Yujra dijo que la lucha contra el contrabando no pasa solo por modificar las 200.000 UFV, sino que, el gobierno ésta asumiendo otras medidas adicionales destinadas a la reactivación y reconstrucción de la economía.
“Lo que debemos hacer es analizar el tema, mirar todas las aristas, problemas que hay en este momento, proponer y debatirlo cuando corresponda”, dijo.
“Como industria hemos venido insistiendo en que el Código Tributario tiene que modificarse y no solo por beneficiar al empresariado, sino que el país en su conjunto se ve afectado, primero el Estado que deja de percibir aranceles e impuestos; y los bolivianos, ya que el contrabando está minando la industria nacional, está quitando empleos, es un cáncer, y por lo tanto, sino modificamos las 200.000 UFV estamos dejando que termine con el aparato productivo”, apuntó Camacho.
En la actualidad por ley si una persona es sorprendida evadiendo tributos fiscales por la internación de mercadería valuada entre 50 a 5.000 UFV´s, la sanción solo es económica sobre el 100% del valor de los bienes importadores fuera de norma.
Sin embargo va a la cárcel y con penas privativas de libertad de 8 a 12 años, si una persona es sorprendida con mercadería importada ilegal si acaso evadió impuestos igual o superior a los 200.000 UFV´s.
Por lo tanto “con la legislación vigente no es posible procesar contrabandistas delictivos”, aseguró Miranda.
Para el Jefe Empresarial el Código Tributario debe también estar acompañado por la aprobación de incentivos tributarios para los grandes, medianos y pequeños empresarios en Bolivia que pasa, por ejemplo, con extinguir el Impuesto a las Transacciones (IT), y acaso reducir la alícuota al Impuesto al Valor Agregado (IVA), acotó iniciativas el economista empresarial.
El problema del contrabando y cómo solucionarlo es en realidad en problema de larga data, dijo Miranda que ilustro un detallado esquema sobre lo que hizo el Estado, en materia de reformas legales para extirpar una actividad nociva para la economía nacional, desde el año 1884.
Eliminar aranceles, bajar el IVA y los impuestos indirectos
Para el diputado Mario Roca, ex director del SIN en el gobierno del expresidente Gonzalo Sánchez de Lozada (1993-1997), es urgente apelar a la reforma tributaria para aminorar, en algo, el golpe del contrabando a la economía.
“Hemos propuesto eliminar aranceles de importación, bajar el IVA y también los impuestos indirectos”, señaló a Datos el legislador.
Lo que hacemos nosotros en Bolivia es cobrar impuestos cuando la mercadería ingresa, es decir, importamos para desgracia del Estado, gran parte de lo que consumimos, producimos muy poco de lo que necesitamos para vivir, manifestó el parlamentario.
En definitiva, para Roca para el Estado, siempre ha sido más fácil “cobrar impuestos cuando la mercadería ingreso por una simple razón, la institucionalidad siempre ha sido, desde que tenemos memoria, débil para ejercitar un control adecuado del cordón fronterizo”.
Para mirar estructuralmente el problema Roca dijo también que plantearan en el Legislativo la creación de un Consejo Económico Social donde estén representantes del gobierno, empresarios, trabajadores y otras organizaciones civiles para debatir sistemáticamente temas como el contrabando.
La CAINCO también puso sobre la mesa ajustes estructurales, casi en la misma línea que el diputado Roca.
En este sentido planteó, por ejemplo, la creación de un Viceministerio de Fortalecimiento del Tributo Aduanero que tendrá que estar bajo tuición del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, para fortalecer la inteligencia contra el contrabando.
También propone dar mayor impulso al Consejo Nacional de Lucha Contra el Contrabando.
Blazicevic también plantea que la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF) irrumpa en el control del contrabando fiscalizando los recursos que mueve a través del sistema financiero.
“Puede investigar el manejo de cuentas y recursos de bolivianos que importan legal o ilegalmente a Bolivia”, plantó la propuesta.
El gerente de la CNC también abrazó la necesidad de hacer cambios a la normativa tributaria pero exigió, para hacerlo, un análisis adecuado de las restricciones que se puedan poner en marcha ya que podría ser un boomerang para el sector formal de la economía.
En breve debería abrirse una mesa de análisis técnico, un gabinete en una alianza público-privada para tomar decisiones concretas, apuntó el directivo empresarial.
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