Ordenan proceso penal contra ministros y ejecutivos de empresas públicas por aparente malversación de Bs 951.4 MM
Por Edwin Miranda V. / Bolivia Energía Libre-La Paz
La última sesión de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) -correspondiente al periodo constitucional 2015-2020- aprobó el inicio de proceso penal contra los Ministros de Hidrocarburos, Víctor Hugo Zamora y de Energías, Rodrigo Guzmán, además de cinco presidentes ejecutivos de las empresas estatales YPFB, ENDE, BOA y ENTEL, por la presunta malversación de fondos que llegarían aproximadamente 951,43 millones de bolivianos.
Los delitos por los cuales fueron señalados como responsables tienen que ver con incumplimiento de deberes, y violación flagrante de la Constitución Política del Estado, y disposiciones normativas vigentes en lo referente al manejo económico que se hizo en las empresas estratégicas del país, dispone el informe congresal.
La orden fue aprobada por senadores y diputados del MAS-IPSP, de mayoría parlamentaria, al término de la lectura del informe final que entregó la Comisión Mixta Especial que investigó la situación de las empresas estatales durante el periodo de transición de la Presidenta, Jeanine Añez, que asumió el poder en octubre pasado y terminará su gestión este próximo 8 de noviembre de 2020.
La comisión mixta estuvo conformada por los senadores Ancelma Perlacios (MAS), Milton Barón (MAS) y los diputados Francisco Quispe (MAS), Lidia Patty (MAS), Trinidad Rojas (MAS), Grover Cuevas (MAS), Luis Felipe Dorado (UD), Amílcar Barral (UD) y Yesenia Yarwi (PDC).
YPFB, ENDE, ENTEL y BOA en la mira
En mayo pasado la Asamblea Legislativa emitido una disposición por la cual arrancó el trabajo de investigación sobre Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Empresa Nacional de Telecomunicaciones (ENTEL) y Boliviana de Aviación (BoA).
Sin embargo, días después, incluyó en el proceso a la Empresa Nacional de Electricidad (ENDE) y al Servicio de Impuestos Nacionales (SIN).
Como resultado de estas acciones legislativas, la comisión oficializó la apertura de procesos penales a los ministros de Hidrocarburos, Víctor Hugo Zamora, y de Energías, Rodrigo Guzmán.
Fueron incluidos además el Gerente de ENTEL, Eddy Luis Franco Nogales; al Presidente Ejecutivo de YPFB, Richard Botello Hiza; y al Presidente Ejecutivo de ENDE, José Gastón Eugenio Kreidler Guillaux.
El senador Milton Barón explicó que el proceso de investigación tuvo cuatro etapas: la recolección de información, las inspecciones de campo a las empresas investigadas, las entrevistas a quienes administran estas empresas, autoridades y personas que haya intervenido en los procesos de contratación y la elaboración del informe final.
Malversación de fondos
La comisión estableció que en el caso ENTEL existió un presunto daño económico al Estado que asciende a Bs. 2,13 millones, provocado por Elio Montes exGerente General de la empresa estatal.
En YPFB, los legisladores establecieron que el daño económico llega a Bs 947.880.009,73 por la contratación de seguros Credinform, firma de acuerdos millonarios para la adquisición de aditivos de origen vegetal por la emergencia del coronavirus (Covid-19), además de rúbrica de la 8va. Adenda al contrato de exportación de gas natural con Petrobras.
El informe hace mención también a contratos de servicios de refrigerio y limpieza para la estatal petrolera sin haber cumplido con disposiciones normativas que regulan la contratación con el Estado.
Para el caso de BOA, la comisión estableció un daño económico de Bs 1.5 MM, como efecto de la reducción de rutas, contratación de servicio de catering, transporte y otros contratos rubricados bajo aparentes irregularidades. Menciona el informe con especial énfasis a la empresa Cisneros Interactive Bolivia S.R.L.
En lo que respecta a ENDE, la comisión estableció que desplegaron investigaciones para conocer los alcances que tuvo la intención del gobierno transitorio de volver a privatizar la compañía eléctrica.
Los legisladores además enviaron al Presidente Ejecutivo kreidler Guillaux, tres notas solicitando informaron sobre la adquisición de bienes inmuebles, procesos de contratación y su posible privatización.
El requerimiento de información, sin embargo, no prosperó y al contrario, la empresa cerró puertas a la comisión mixta.
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