La agroindustria reduce las tierras dedicadas a la producción orgánica de alimentos y genera migración rural, alerta una investigación

Por Edwin Miranda V. / Bolivia Energía Libre-La Paz

La cifra impresiona y genera alarma. Sucede que la agroindustria encogió, significativamente, la superficie de tierras dedicadas a la producción orgánica de alimentos, además contribuyó sistemáticamente a reducir la cantidad de familias dedicadas a los cultivos en el área rural, refiere un informe elaborado por el proyecto «Entre verduras y Comedores» ejecutado por la red UNITAS (Unión Nacional de Instituciones para el Trabajo de Acción Social)

Participaron también del diagnóstico el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura-IICA, Instituto de Investigación Cultural para la Educación Popular – INDICEP, Aclo Potosí y Aclo Chuquisaca.

La Embajada de Suiza y Solidar Suiza, financiaron la iniciativa en el marco del proyecto “Diálogos y apoyo colaborativo”, informaron las fuentes institucionales.

Bolivia presenta un proceso de urbanización creciente pues la población que vive en las ciudades ya es mayoritaria desde hace algunas décadas atrás. En contrapartida, la población rural, poco a poco va perdiendo importancia, quedando concentrada en pueblos originarios de escaso desarrollo económico y social que tienen como residencia los departamentos de La Paz, Cochabamba, Potosí y Chuquisaca, indica el referido informe del proyecto “Entre verduras y comedores”.

Al respecto uno de los coordinadores nacionales del denominado Movimiento Agroecológico Boliviano (MAB), Fabrizio Uscamayta, Ecólogo de profesión, planteó mirar las estadísticas e información oficial, con una visión más amplia.

“El agronegocio tiene incidencia sobre los ecosistemas ya que un modelo agroecológico es más sensible al tema de la expansión de la frontera agrícola, pero no lo es todo, existen además otro conjunto de factores que determinan la migración entre campo y ciudad”, apuntó el profesional en agroecología en el país.

En este sentido asegura que el agro negocio por sí mismo no es el único y principal factor decisivo para la migración, sino también, los fenómenos climáticos, la afectación de los ecosistemas, el extractivismo, la minería, la expansión de la ganadería. “Todos esos factores antropogénicos afectan, son motivadores de migración”, apuntó el experto.

El diagnóstico menciona que un efecto inmediato de la migración campo-ciudad es la reducción gradual pero efectiva de las tierras dedicadas al cultivo orgánico.

De haber tenido 249 mil hectáreas (ha) dedicadas a producción orgánica de alimentos en 2013, que representaba el 0.7% de la superficie cultivada a nivel nacional, en 2017 pasamos a 180 mil ha., lo que representa sólo el 0,52 % de las tierras dedicadas a la producción agrícola que no utiliza insumos químicos para producir, señala a su vez información procesada por la institución privada dedicada a la producción agrícola, AGRECOL en 2018.

Uscamayta, también hizo algunas puntualizaciones sobre el tema.

El ecólogo señala que en realidad la línea divisoria entre campo-ciudad es muy delgada, de hecho, en la ciudad de El Alto, por ejemplo, la frontera con el campo, es casi inexistente, ya que, comparten sistemas de producción agrícola similares con la ciudad, pues la población rural convive con la urbana cotidianamente.

Para demostrar que la producción agrícola también se ha convertido en urbana, Uscamayta mencionó un número: Existen en la ciudad de El Alto 3.000 invernaderos (carpas solares) para producir alimentos amigables con el medio ambiente y eso hace que la cantidad de tierras dedicadas a la producción familiar, crezca y no reduzca, apuntó.

Debido a la enfermedad del Covid-19, la población demanda mayor cantidad de alimentos sanos, ecológicos y eso incentiva la producción familiar, aseguró.

Los informes especializados indican también que, en lo que respecta a la cantidad de familias productoras dedicadas a los cultivos orgánicos que se hallan registradas a través de algún sistema de certificación, estas comenzaron a mermar de 18 mil en 2013, cinco años después bajaron a 14 mil 2017, es decir algo más de 5.000 núcleos productivos, dejaron de existir.

La situación es más preocupante aún ya que solo 3.300 familias poseen un registro vigente, en algún sistema, a enero de 2022.

Uscamayta tiene la convicción de que los números cambiaron radicalmente con la pandemia y ahora la población demanda más alimentos sanos, ecológicamente producidos. Lo que se llama comida orgánica. Así planteadas las cosas, el ecólogo está convencido que las tierras dedicadas a la producción agroecológica, vuelven a subir.

Cumbre agroecológica para revertir la situación

Está crítica situación fue motivo de atención para el Movimiento Agroecológico Boliviano (MAB), integrado por asociaciones y organizaciones de pequeños y medianos productores/ras, instituciones no gubernamentales, organizaciones eclesiales, colectivos ciudadanos, gastrónomos/as, y consumidores/as responsables que defienden y practican la Agroecología como enfoque orientador para la construcción de propuestas de desarrollo de una política agroalimentaria basada en el cuidado de los soportes de la vida (familia, suelo, agua, planta y semillas).

El encuentro sirvió además para sentar bases estratégicas destinadas a promover la consecución de la soberanía alimentaria, equidad de género e inclusión generacional.

Para abordar la problemática que atraviesa la producción de alimentos orgánicos y amigables con el medioambiente, una práctica que está siendo aplastada por la agroindustria y la falta de una política de Estado conducente a preservar, ante todo, la salud y vida de la población, el MAB abrazó como línea de trabajo las cinco vías que fueron planteadas por la Cumbre Mundial de Sistemas Alimentarios de las Naciones Unidas.

En este sentido la base de discusión giró entorno a: Asegurar acceso a comida segura y nutritiva para todos; Cambiar a patrones de consumo sostenibles; Impulsar una producción positiva para la naturaleza a una escala suficiente; Avanzar hacia modos de vida y distribución de valor equitativos y; Construir resiliencia a vulnerabilidades shocks y tensiones.

Uscamayta en su condición de uno de los coordinadores nacionales del MAB, abrió además los ojos para mirar con detenimiento el surgimiento de un nuevo sistema de producción agrícola, una fusión entre lo urbano y rural como está sucediendo entre La Paz y El Alto, dos municipios vecinos.

“Nació un modelo de cadena corta en expansión que pone en evidencia un rol nuevo de la agricultura urbana debido a una demanda creciente de alimentos sanos. Para responder a la nueva realidad, comenzaron a entrar en escena una diversidad de actores, territorios. Ahora no solo campo produce, sino también, las ciudades”, dijo Uscamayta.

Si bien las zonas rurales son absorbidas por las urbanas, la producción mantiene, inamovible sus características, es decir, siguen un patrón único de origen que se sintetiza en ser intensiva pero pequeña, indicó.

Esta nueva forma de producir alimentos no es única en Bolivia. Otras regiones del mundo, como Milán en Italia, por ejemplo, ya lo practican hace tiempo, apuntó.

Rafael Lindeman, investigador agroecológico del Centro Latinoamerícano para el Desarrollo-RIMISP, coincide con Uscamayta cuando señala que las nuevas tecnologías junto al acceso vial que mejoró, sustancialmente, en Bolivia, transformó los mercados para la provisión de alimentos y, de alguna manera, echó por los suelos barreras infranqueables que existían entre ciudad y campo.

“Llegan ahora de manera más efectiva los productos y por teléfono puedes realizar comercialización y muchas familias del campo tienen ahora posibilidades de hacer transacciones. Hay transformaciones importantes que facilitan el acceso a mercados”, subrayó.

Merman las familias productoras en el campo

Uno de los factores que influyen de manera negativa en el desarrollo del sector ecológico en Bolivia y por lo tanto, también una reducción de las familias dedicadas a los cultivos orgánicos, constituye la escasa o nula inversión que realizan los gobiernos subnacionales en complicidad con la administración central del Estado.

Así de 200 POAs (Programas Operativos Anuales) municipales analizados el año 2018, sólo 3 proyectos de dos alcaldías asignaron de manera específica recursos a la producción ecológica y orgánica, menciona la investigación.

En este sentido los municipios que abrieron oportunidades para la producción orgánica de alimentos el año 2018, aprobaron recursos por el orden de los Bs 3,3 millones, y el resto fueron derivados a proyectos totalmente diferentes para su ejecución en los municipios de referencia.

El Censo Agropecuario de 2013, que promovió el gobierno, estableció la existencia de cerca de 872.000 unidades de producción agropecuaria (UPA) en todo el país.

Sobre la base de este número, el censo estableció también que operan en el Estado 845.840 unidades económicas campesinas e indígenas de base familiar”.

Estos núcleos se caracterizan por realizar una producción basada en el trabajo familiar y los recursos disponibles que tienen a la mano para diversificar la producción con alta participación de los miembros de la familia en las etapas de recolección/manejo, producción, acopio, transformación, comercialización y consumo.

Transición agroecológica

Para encarar con firmeza y abordar la problemática de forma estructural, la cumbre planteó cinco ejes estratégicos destinados a promover una transición agroecológica que según Uscamayta no tiene plazo y tiempo determinados. “Podría darse en cinco como también en 100 años”, dijo.

La ruta crítica propuesta tiene que ver con: Asegurar acceso a comida segura y nutritiva para todos; Cambiar lo que necesitamos para vivir a patrones de consumo sostenibles con él medioambiente; Impulsar una producción positiva para la naturaleza a una escala suficiente; Avanzar hacia modos de vida y distribución de valor equitativos; y Construir resiliencia a vulnerabilidades shocks y tensiones, detalló los pasos a seguir.

La inseguridad alimentaria puede ser consecuencia de la poca disponibilidad de alimentos, pero también de la falta de acceso a los mismos por la pobreza, indica el informe.

Siete de cada diez bolivianos y bolivianas sufren de inseguridad alimentaria porque no tienen acceso a los alimentos que requieren o porque su dieta no es diversificada.

En 2020 la pobreza moderada aumentó de 31,1% a 37,5% y la pobreza extrema de 12,1% a 14,7%, producto de la crisis y la pandemia del coronavirus que golpeó al mundo.

—