El Registro de Comercio vuelve al Estado y Arce blinda el modelo económico

Por Edwin Miranda V. / Bolivia Energía Libre-La Paz

La decisión del gobierno transitorio de la expresidenta, Jeanine Añez, de ampliar la concesión por otros 15 años a FUNDEMPRESA, para que siga manejando el Registro de Comercio en él Estado, levantó polvareda en el gabinete económico del Presidente, Luis Arce, que luego de un análisis –sobre sus efectos y consecuencias- optó por abrogar el  Decreto Supremo Nº 4356, de 29 de septiembre de 2020, beneficio que fue celebrado en su momento por el Presidente de la Cámara Nacional de Comercio (CNC), Rolando Kempff, en Palacio de Gobierno, con un encendido discurso de satisfacción empresarial.

El gobierno otorgó en concesión el Servicio Público de Registro de Comercio, al consorcio para el Registro Mercantil, en adelante denominado FUNDEMPRESA, persona jurídica nacional de derecho privado sin fines de lucro, constituida por la Cámara Nacional de Industrias, Cámara Nacional de Comercio, Cámara de Industria y Comercio de Santa Cruz y Cámara de Constructores de Santa Cruz a través del Decreto Supremo Nº 26335, de 29 de septiembre de 2001.

Del mismo modo, el Artículo 2 del mismo cuerpo legal, estableció que la concesión otorgada, tiene carácter de exclusividad en todo el territorio por veinte (20) años.

Este plazo termina recién el 29 de septiembre de 2021, pero sin embargo el gobierno transitorio de Añez, decidió ampliar la concesión del Servicio Público de Registro de Comercio, por un plazo adicional de quince (15) años, hecho que fue calificado, por el nuevo gobierno, de irregular y anticonstitucional.

Modelo económico socialista

Pero Arce no solo dejó sin efecto la disposición normativa, sino además, plantó una señal clara e inequívoca a la empresa privada que fue sintetizada en la vigencia, nuevamente, y sin disimulos, del modelo económico “Social-Comunitario y Productivo”.

Este marco normativo que sustenta la actividad productiva del MAS-IPSP, aplicó Arce los últimos 14 años como Ministro de Economía; y que ahora en su condición de Primer Mandatario, espera ejecutarlo en toda su dimensión, fundamentalmente ideológica, es decir, el Estado volverá a tener control y dominio estratégico sobre  la planificación y la actividad productiva nacional.

Con este fin el Decreto Supremo No. 4407, aprobado por el Jefe de Estado, el pasado 2 de diciembre de 2020, recordó a la empresa privada “que el numeral 22 del Parágrafo I del Artículo 298 de la Constitución Política del Estado, determina como una competencia privativa del nivel central del Estado, la política económica y planificación nacional”.

“El Estado, además, reconoce, respeta y protege la iniciativa privada, para que contribuya al desarrollo económico, social, y fortalezca la independencia económica del país”, enfatizó el presidente como argumento constitucional para la ejecución administrativa.

Para el Primer Mandatario, el Estado, garantiza la libertad de empresa, y el pleno ejercicio de las actividades empresariales, pero siempre y cuando sean reguladas por la ley.

La percepción sin embargo, es diferente para Germán Molina, docente de la Facultad de Economía de la Universidad Católica (UCB).

A criterio del experto en economía, la decisión de Arce de volver a tener el control de FUNDEMEPRESA tiene dos señalas inequívocas: “reimplantar un modelo económico que asoma tintes de socialismo, y, contar, nuevamente, con un sistema de ingresos económicos sostenidos e ininterrumpidos para las arcas fiscales”.

Según el analista, tampoco está lejos, la intensión que tiene el gobierno, de utilizar el Registro de Comercio, como un área estratégica para tener dominio absoluto sobre la apertura y cierre de empresas en el Estado.

“El gobierno está retomando lo que hizo entre el 2006 y 2019, es decir, tener dominio absoluto sobre la actividad económica, pero además es una fuente valiosa de ingresos”, afirmó Molina.

Una posición más moderada fue expuesta por el exsuperintendente de empresas, Rolando Morales.

En criterio del economista, existe la posibilidad de que en septiembre de 2021, la empresa privada vuelva a tener bajo control al Registro de Comercio.

“La buena noticia es que recién el próximo año fenece el plazo de concesión y hasta entonces, la empresa privada cuenta con suficiente tiempo para hablar y negociar con el gobierno”, propuso el analista.

Para Morales además, es indistinto que el Registro tenga dominio “privado o estatal” lo que importa es la necesidad de manejar la entidad con transparencia y en cumplimiento de la constitución, dijo.

Registro moderno

FUNDEMPRESA como concesionario logró consolidar al Registro de Comercio entre el 2001-2020, como una institución sería, confiable y transparente ante la sociedad y especialmente ante el empresariado boliviano, dijo el presidente de la entidad, Víctor Hugo Suárez.

Para el ejecutivo FUNDEMPRESA convirtió al Registro Mercantil “en un ejemplo de trabajo coordinado entre lo público y lo privado, siendo los empresarios los principales beneficiados, que a su vez son el motor de cualquier economía, ya que posibilitan la generación de empleo digno y el crecimiento del país”.

Según Suárez, FUNDEMPRESA “procesa, en menos de 24 horas, los trámites de registro con pocas observaciones.

“A lo largo del 2019 se han atendido 330.478 trámites, de los cuáles el 100% fueron atendidos en plazo y el 99,8% fueron procesados en menos de 24 horas y el 95% fueron inscritos sin observaciones y a cabalidad con la normativa vigente, con la visión de que la tramitología que se realiza en el Registro de Comercio sea ágil y sencilla”, aseguró.

Registro Comercial Virtual

La situación fue mejor en 2020 para FUNDEMPRESA.

Suárez informó que “a mayo 2020, tengo el orgullo de informar que nace el Registro de Comercio Virtual, porque se digitalizó el 100% de los trámites pudiéndose realizar por Internet, con el objetivo de reducir costos, tiempo y requisitos y modernizar el Registro de Comercio de Bolivia. Porque además se implementan tecnologías de información y comunicación para validar y otorgar seguridad digital a través de Códigos QR y Firma Digital, así como la entrega de certificados por medio de documentos PDF.

Todo esto contribuirá a acercarnos a la política “cero papeles” en Bolivia, subrayó.

Abusivo y arbitrario

Para que no existan dudas al respecto, la Ministra de la Presidencia, María Elena Prada, no solo denunció que la administración Añez, incurrió en abuso y alentó arbitrariedades administrativas con la extensión de la concesión a FUNDEMPRESA, sino, levantó acusaciones en sentido de que, la norma inconstitucional, “modificó la distribución de ingresos que genera el registro comercial con una reducción de ingresos al Estado”

Según la ministra, el decreto de Añez “vulneró los procedimientos administrativos después que acordó ampliar el plazo sin garantizar un proceso de evaluación previo, con lo que, comprometiendo al Estado por quince (15) años”.

Frente a esta situación, Prada anunció también que la decisión ejecutiva obligó al gobierno a emprender una detallada evaluación de lo que hizo Añez, “para iniciar las acciones y procesos de responsabilidad que sean necesarios, para precautelar los derechos del pueblo boliviano”.

Recursos para el Estado

Para aclarar la denuncia de Prada, FUNDEMPRESA informó que genera recursos para el Estado.

“Como pago del Derecho de Concesión, el Estado Plurinacional recibe el 40 por ciento por concepto de los ingresos del Registro de Comercio y el 85 por ciento por concepto de los ingresos de la Gaceta Electrónica”, detalló la entidad privada en su memoria institucional correspondiente a la gestión pasada.

Los ingresos por el registro de empresas llegaron el año pasado a Bs 24.087.770 de los cuales Bs 21.569.780 (40%) fueron cancelados al Estado, mientras que Bs 2.517.990 (85%) fueron generados por la Gaceta Electrónica, subrayó la entidad.