Asoban pide evaluar “responsablemente” ley que difiere el pago de créditos hasta diciembre
Por Edwin Miranda V. / Bolivia Energía Libre-La Paz
La Asociación de Bancos Privados de Bolivia (Asoban) solicitó al Gobierno “evaluar responsablemente” la aplicación de la Ley que difiere la cancelación de créditos al sistema financiero hasta el próximo 31 de diciembre.
“Esperemos que las autoridades puedan (analizar con cuidado la) ley que sancionó el Senado”, afirmó en tono reflexivo el Presidente de Asoban, Nelson Villalobos, en declaraciones que brindó a medios locales en La Paz,
Coincidente con esta posición, el Gobierno a través del Viceministro de Inversión Pública, Gonzalo Quiroga, abrió la necesidad de mirar también con atención “cuál será el impacto que tendrá sobre el sistema financiero”.
“Si bien la Ley tendrá un (resultado) social interesante, también se debe ver cuál será (las consecuencias) que tendrá sobre (la banca) porque el sistema financiero sigue siendo sólido en el país”, recalcó la autoridad financiera.
La Ley espera su promulgación
El miércoles por la noche, el Senado sancionó la Ley No. 790 que amplía hasta el 31 de diciembre de este año el pago sin intereses de las deudas bancarias.
El presidente en ejercicio de la Cámara Alta, Milton Barón, explicó que la norma lo que hace es asegurar a miles de prestatarios la certeza de que volverán a pagar las deudas que tienen en los bancos, recién en enero de 2021, como estableció el propio Órgano Ejecutivo a principios de año.
A tras quedó la “mala interpretación” realizada por el sistema financiero, basada en normas del Gobierno que causaron preocupación y molestia, sobre todo en las micro y pequeñas empresas, apunto el legislador.
La ley se halla ahora en manos de la presidenta transitoria, Jeanine Áñez, para su promulgación y tiene un solo artículo que señala lo siguiente: “Se modifica el parágrafo I del artículo 1 de la Ley 1294 del 1 de abril, precisando que las entidades de Intermediación Financiera que operan en territorio nacional deben realizar el diferimiento automático del pago de las amortizaciones de crédito a capital e intereses, y otro tipo de gravámenes del sistema crediticio nacional, desde la Declaratoria de Emergencia por la Pandemia del Coronavirus (marzo) al 31 de diciembre de 2020”.
Presión social
Conocida la aprobación de la Ley, diversas organizaciones sociales y económicas, salieron al frente para exigir a la Jefe de Estado la inmediata promulgación de la ley, para que el beneficio llegue a miles de prestatarios, hoy imposibilitados de cumplir sus obligaciones por la falta de liquidez.
El transporte sindicalizado a través de su dirigente Freddy Quispe, del Sindicato “Eduardo Abaroa”, fue el primero en promover presión social al Gobierno para poner en vigencia la norma.
“A la presidente Añez no le queda otro camino que promulgar la ley, porque muchos de los transportistas no tienen plata para cancelar lo que deben a los bancos”, afirmó tácito.
