Fedecomin y Comcipo sellan alianza para diferir fallo judicial que ordena cerrar minas sobre la cota 4.400 del Cerro Rico

  • La institución suprarregional que impulso una Acción Popular para echar a las cooperativas del macizo de plata en 2022, alegando la preservación geológica del cerro, formalizó un acuerdo para exigir, además, nuevos yacimientos a la COMIBOL y AJAM para cerrar bocaminas en la cúspide de la montaña.
  • Comcipo adelantó que “rodarán cabezas” en el Ministerio de Minería, la COMIBOL y AJAM, por no haber entregado áreas de trabajo a los operadores mineros como ordenó una sentencia constitucional del año 2022.

El presidente de la Federación de Cooperativas Mineras de Potosi (Fedecomin), Óscar Chavarría solicitó al Comité Cívico Potosinista (Comcipo) la urgencia de aplazar el cumplimiento de la sentencia constitucional SCP No. 1062/2022 que ordenó la migración de operaciones mineras que se hallan por encima de la cota 4.400 y, cerrar bocaminas, para el sostenimiento geológico del Cerro Rico mientras el Ministerio de Minería, la COMIBOL y AJAM, no entreguen nuevos yacimientos a los operadores mineros.

El virage estratégico que emprendió, en las últimas horas -con apoyo de la Gobernación de Potosí, la Universidad Autónoma Tomás Frías (UATF) y Comcipo- contempló además el retorno de la entidad minera al seno de la institución supraregional de donde salió, hace cinco años, para tener apoyo de la población a la petición que hizo al Ministerio de Minería, la Corporaciòn Minera de Bolivia (Comibol) y, la Autoridad Jurisdiccional de Administración Minera (AJAM), acceder a nuevos yacimientos altamente mineralizados y, de acceso inmediato para migrar del Cerro Rico.

Entre el martes 14 y miércoles 15 de octubre, Chavarría movió piezas fundamentales del tablero político regional para consolidar la ruta crítica que emprendió buscando, como primer objetivo: aplazar la sentencia constitucional que implica en los hechos, postergar, por un plazo por ahora indeterminado, la migración de mineros de la cota 4.400 del Cerro Rico, hasta que el gobierno entregue, formalmente, nuevos yacimientos de plata y complejos de mineral en condiciones similares y/o acaso, inmejorables a los que tienen las cooperativas actualmente en el macizo rocoso.

(“Quiero hacer) una petición a Comcipo, el tiempo nos pisa (para la ejecución de la sentencia constitucional). La petición que quiero hacer a nuestro compañero (Alberto) Pérez (presidente del Comité Cívico Potosinista) es que pensemos sobre esa sentencia. Nosotros estamos poniendo el hombro (para migrar y salir del cerro). (Pérez debe explicar) en Comcipo (que) no es la dejadez de Fedecomin (salir del macizo rocoso, sino que existe un problema sobre la entrega de nuevas áreas mineras que (viene desde hace años)”, formalizó la solicitud Chavarría.

Para el dirigente minero “la sentencia es clara (manda que) para desalojar a una determinada sección y cooperativa (de la cúspide del Cerro Rico) se debe entregar un área (minera) consolidada con vetas y, hasta ahora, no existe éste beneficio, hay un incumplimiento de parte del Ministerio de Minería, la COMIBOL y AJAM”, enfatizó.

Más directo fue el presidente de la Cooperativa Villa Imperial, Guillermo Condori, cuando declaró que “esta sentencia tenemos que postergar (su cumplimiento) por un tiempo más. (Tenemos que) darnos espacios, trataremos con todas las instituciones (que se pueda) alarguar un poco más para que no existe despido masivo de mineros”.

La propuesta fue hecha pública en una reunión al más alto nivel que convocó la Fedecomin con la asistencia del Gobernador, Marco Antonio Copa, el Decano de la Facultad de Minería de la UATF, Epifanio Mamani, el Gerente Regional de la COMIBOL en Potosí, Iván Fuertes y, por supuesto Alberto Pérez, en su condición de presidente de Comcipo.

La sentencia constitucional de la gestión 2022 estableció un plazo de 180 días para el cumplimiento de las siguientes acciones: Ordenó al Ministerio de Minería  y la COMIBOL trasladar las cooperativas mineras que operaban por encima de los cota 4.400 del Cerro Rico a otros yacimientos; y delegó al Ministerio de Culturas la preservación geológica de la montaña de plata.

Durante una inspección in situ que se hizo en la gestión 2023, la Sala Constitucional Segunda del TDJ Potosí, estableció que existe cumplimiento parcial de la sentencia.

Sin embargo, en el mes de septiembre de este año, la Sala Constitucional Primera resolvió que existe incumplimiento en respuesta a una acción de cumplimiento que interpuso el Comité Cívico Potosinista.

Como resultado de este fallo, están congeladas las cuentas personales del Ministro de Minería, el Presidente Ejecutivo de la COMIBOL y, del Gerente Regional de la estatal minera en Potosí.

El ministro de Minería, Alejandro Santos, junto al presidente ejecutivo de la COMIBOL, Reynaldo Pardo y el Gerente Regional de la estatal minera en Potosí, Iván Fuertes, alistan la entrega de la respuesta a la Sala Constitucional Primera del TDJ para demostrar que existen avances significativos en el sostenimiento geológico de la gradiente del Cerro Rico y, la migración, a corto, mediano y largo plazo, de secciones que operan sobre la cota 4.400 de la montaña de plata.

De antemano, Fuertes adelantó que la COMIBOL tiene áreas mineras para entregar a las cooperativas, pero fuera de la ciudad de Potosí. Mencionó en este sentido al municipio de Chaquí y, la ciudad intermedia de Tupiza.

“Si quieren áreas en sectores aledaños al Cerro Rico, la COMIBOL no tiene ninguna pertenencia minera. De hecho, los yacimientos que, a diario mencionan las cooperativas, como en Andacaba, se hallan bajo jurisdicción de la AJAM”, precisó.

Alberto Pérez, presidente de Comcipo, primero de izquierda a derecha, escucha atento un informe del Gerente Regional de COMIBOL en Potosí, Iván Fuertes, sobre las áreas mineras que tiene la estatal minera para entregar a las cooperativas.

Alianza incondicional

En respuesta al planteamiento de la Fedecomin que tuvo como preámbulo denuncias sobre un supuesto incumplimiento de la COMIBOL en la entrega de nuevos yacimientos mineros para desalojar operaciones de la cúspide del Cerro Rico y, por lo tanto un factor que podría generar un conflicto social de grandes dimensiones que implicaría, incluso, una estanflación de la economía regional, Pérez se vio obligado a estrechar la mano a la entidad minera para alinear posiciones y, dejar por ahora, postergada la demanda de exigir, a pesar de todo, el desalojo de mineros para evitar una degradación geológica irreversible de la montaña de plata.

Entonces sucedió lo impensable. Comcipo abrazó una alianza con la Fedecomin. Es decir, la institución que demandó a las cooperativas a través de la COMIBOL con una Acción Popular el año 2022, para que abandonen la cúspide del Cerro Rico, decidió conciliar momentáneamente con los operadores mineros, declarados por la entidad regional, en muchas ocasiones, depredadores de la montaña, a cambio de exigir áreas mineras en el departamento de Potosí.

“(No vamos a insistir en que) salgan (de la cúspide del Cerro Rico los mineros. Hacerlo sería poco menos que generar conflicto social, ir) en contra de la gente (y) no lo vamos hacer. Presidente de Fedecomin (Óscar Chavarría) tenemos que buscar soluciones con la AJAM. Vamos a acatar lo que se decida”, afirmó Pérez en una muestra evidente a Fedecomin que ahora comulgan lo que solicitan.

El presidente de la Fedecomin, Óscar Chavarría (centro) saluda autoridades regionales. De izquierda a derecha, Epifanio Mamani (UATF); Alberto Pérez (Comcipo), Marco Antonio Copa, Gobernador de Potosí (segundo de derecha a izquierda) y, el Gerente Regional de COMIBOL en Potosí, Ivan Fuertes (primero de derecha a izquierda).

“Tienen que rodar cabezas”

Para blindar la posición que tiene Comcipo, Pérez dejó sentado, sin embargo, que iniciará procesos penales, contra ex y actuales autoridades del Ministerio de Minería, la COMIBOL y AJAM, responsables de haber incumplido la entrega de nuevas áreas mineras a las cooperativas para que abandonen el Cerro Rico.

“Tenemos que buscar culpables. El Ministro (de Minería) y Comibol. En este sentido, (al cabo de los 31 días otorgado por la Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Potosí (TDJ) para que las autoridades de la estatal minera expongan sustentos técnicos para la migración de mineros y, acciones destinadas a preservar la gradiente geológica del Cerro Rico) remitiremos antecedentes al Ministerio Público al día siguiente”, anunció Pérez.

Es decir, el líder cívico sentenció, de antemano, penalmente a varias autoridades de Estado, donde incluso, podría ser mencionado el presidente, Luis Arce Catacora, por un supuesto incumplimiento de la sentencia constitucional porque no entregaron nuevas áreas para la migración de mineros del macizo de plata. “Tienen que rodar cabezas”, amenazó Pérez.

De esta manera la Fedecomin y Comcipo de haberse declarado enemigos debido a la degradación geológica del Cerro Rico, pasaron a convertirse en amigos y, la entidad minera, el miércoles 15 de octubre, retornó, oficialmente, a la institución cívica en medio de aplausos y compromisos de “unidad y lucha por conseguir objetivos regionales” para beneficio de la población.

Chavarría acreditó un delegado y, a través de una carta, comprometió apoyo incondicional a la entidad cívica a la que alabó por defender los intereses sociales y regionales del departamento.

Es más, en un discurso de poco más de 30 minutos que expuso durante una reunión del consejo consultivo que promovió Comcipo, el presidente de Fedecomin, dijo que están comprometidos con los intereses de la ciudad y el departamento de Potosí y, que, en adelante, harán causa común con la población para exigir al nuevo gobierno, cumpla con los proyectos que están pendientes para la región: la conclusión del aeropuerto internacional y, el emplazamiento de una planta de fundición de zinc.

La cúspide del Cerro Rico presenta una degradación geológica irreversible debido a siglos de explotación minera en el Estado.