YPFB y las petroleras se dividieron $us54.000 millones por la comercialización de hidrocarburos en más de una década, señala analista
Por Edwin Miranda V. / Bolivia Energía Libre-La Paz
Entre mayo de 2007 y junio de 2021 Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) y las empresas petroleras privadas se dividieron 54.000 millones de dólares que ingresaron al Estado por concepto de comercialización de hidrocarburos, señala el analista en temas energéticos, Francesco Zaratti.
“…ingresaron 54 mil M$, casi 4 mil M$ por año, por ventas a los mercados externos e internos, los que se repartieron entre el Estado (renta petrolera) y las empresas (remuneración del contratista)…”, refiere el vocero sobre la base de una “Información Financiera de los Contratos de Servicios Petroleros”, que divulgó la Gerencia de Administración Económica y Financiera de Contratos de YPFB.
Según Zaratti “…se presumía que la renta petrolera llegaría a 82% o que no pasaría de dos tercios (67%), pero el Informe muestra que, en promedio, el Estado se quedó con 74 de cada 100 dólares y las empresas con 26…”, precisa además en un escrito que publicó en un medio digital en la ciudad de La Paz bajo el rótulo de “El desempeño de la nacionalización”.
El experto señala también que “las veinte páginas de la “Información Financiera de los Contratos de Servicios Petroleros”, que la Gerencia de Administración Económica y Financiera de Contratos de YPFB ha dado a conocer al finalizar el año 2021, son una fuente valiosa de datos sobre el desempeño de la nacionalización de los hidrocarburos en el período de 14 años (mayo 2007-junio 2021) de vigencia los Contratos de Servicios Petroleros (CSP), firmados en abril de 2007”.
Del monto millonario que ingreso a las arcas fiscales por la explotación de gas, fundamentalmente, Zaratti afirma que “la remuneración que percibieron las petroleras (incluyendo a las ex capitalizadas Chaco y Andina) ascendió a 10.300 M$, por costos recuperables (gastos operativos y recuperación de inversiones, incluyendo las anteriores al 2007); y 8.400 M$ por participación en las utilidades”.
A criterio del analista y sobre los resultados palpables “..al Estado no le ha ido mal con los CSP, pero tampoco les ha ido muy mal a las empresas, debido a que el objetivo de éstas para aceptar migrar a los CSP era recuperar las inversiones realizadas y aquellas necesarias para seguir produciendo en los campos anteriormente descubiertos, además de quedarse con una buena tajada de las ganancias, sin asumir compromisos de reinvertir en operaciones de riesgo (exploración)”.
95% de participación del Estado en el negocio de los hidrocarburos
Es más, Zaratti dice que “…considerando que existen ingresos adicionales para el Estado por la explotación de hidrocarburos como patentes e impuestos, adicionales a regalías e IDH, la participación sobre el ingreso “operacional” (el total generado menos los gastos de operación) llegó al 95%, sin duda uno de los porcentajes más elevados del planeta”.
Sin embargo, el experto llega a la conclusión de que “con la nacionalización ganó el gobierno, ganaron las petroleras, pero perdió el país”.
Los resultados fueron negativos para la nación debido a que “…la acelerada monetización de las reservas (con sobrexplotación de los pozos incluida) interpela acerca de la justicia generacional, considerando que el resultado de esa inusual bonanza ha sido decepcionante para el desarrollo del país que estamos dejando a las nuevas generaciones…”, alertó.
Zaratti apuntó además que no es correcto deducir que la nacionalización fue un “gran negocio” para el Estado por las siguientes razones: excepto por 6.400 M$ fruto de la participación de YPFB en las utilidades, los demás ingresos del TGN son resultado de la Ley de Hidrocarburos 3058, anterior a la nacionalización.
Además, el capital privado invertido en la explotación de hidrocarburos procedió del flujo de caja (y no de inversiones frescas), no corrió ningún riesgo exploratorio y se transfirió al exterior al estilo de la más clásica explotación de los recursos naturales. De hecho, ese era el objetivo de los CSP.
Finalmente, los porcentajes mencionados de la participación del Estado representan una barrera infranqueable para atraer nuevas inversiones, lo que explica la caída estrepitosa de la producción y de las reservas de los agotados “mega campos” y la consiguiente sangría de divisas por la importación de combustibles que no producimos.
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