Empresarios piden suspender tratamiento del proyecto de ley contra legitimación de ganancias ilícitas
Por Edwin Miranda V. / Bolivia Energía Libre-La Paz
Por la ambigüedad e imprecisiones que tiene el proyecto de «Ley contra la legitimación de ganancias ilícitas, financiamiento del terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva o no convencionales”, la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB), solicitó al gobierno suspender su tratamiento “hasta que exista consenso derivado de un diálogo honesto y transparente”.
La patronal expuso además en un comunicado que la propuesta normativa “pone en indefensión a los ciudadanos, empresarios y emprendedores, que han obtenido sus bienes, invertido y creado riqueza, con honestidad, trabajo duro y apegados a la legalidad”.
“La decisión del Gobierno Nacional de incorporar en nuestra legislación disposiciones emanadas de acuerdos y tratados internacionales para combatir el lavado de dinero o el financiamiento al terrorismo, no puede justificar el menoscabo a derechos fundamentales como la presunción de inocencia, la privacidad, el secreto profesional, la libertad de prensa, la protección de datos personales y el derecho que tiene todo boliviano a dedicarse a una actividad lícita sin ser sometido a escrutinios arbitrarios, con el temor de ser acusado, procesado y perseguido por simple sospecha, encono personal o mala fe”, señaló el gremio empresarial.
Para los empresarios “la presunta comisión de cualquier delito, debe ser llevada adelante respetando el debido proceso y, únicamente, por las instancias judiciales que corresponden”.
“En atención a lo expuesto, solicitamos la suspensión del tratamiento del Proyecto de Ley 218/2020 – 2021 y la apertura de un espacio de diálogo entre los actores que estamos involucrados, a fin de adecuar esta norma a la supremacía de la Constitución Política del Estado”, solicito la entidad gremial.
De esta manera los empresarios asumieron una posición sobre el proyecto de ley que, el gobierno, pretende aprobar a toda costa, norma que ahora se halla bajo consideración de la Cámara de Senadores, después que fue aprobada en la Cámara de Diputados.
El jefe de bancada del Movimiento al Socialismo (MAS-IPSP) en el senado, Adolfo Flores, anticipó, que la Asamblea está dispuesta hacer las modificaciones que sean pertinentes a la norma, pero aseguró que “no debería haber susceptibilidad sobre el proyecto de ley”.
Los resquemores que expresaron varios sectores económicos y sociales sobre los alcances que tiene el proyecto fueron sin embargo ahondados por los empresarios en las últimas 48 horas.
“La posición crítica de más de una veintena de organizaciones de la sociedad, que por su legitimidad y representatividad merecen respeto y atención, así como la opinión de reconocidos juristas, evidencian la seriedad y gravedad de este tema e imponen al gobierno la necesidad de abrir espacios de diálogo que permitan atender la preocupación del pueblo boliviano”, apuntó la CEPB.
Frente a esta posición, la viceministra de Pensiones y Servicios Financieros, Ivette Espinoza Vásquez, señaló en horas precedentes, que el gobierno abrirá el proyecto de ley a un proceso de socialización del contenido que tiene para que todos los actores sociales tengan información precisa sobre la norma.
Flores también alineó posiciones en el mismo sentido y dijo que los Senadores están llanos a “socializar la norma con todos los sectores que manifestaron dudas sobre la ley”.
Los empresarios también alentaron la urgencia de consensuar la norma para despejar susceptibilidades que existen sobre ella.
“Estamos seguros que las normas que se construyen en base al consenso, derivado de un diálogo honesto y transparente, adquieren mayor legitimidad y redundan en beneficio de la ciudadanía que, en definitiva, es la razón de ser y el bien mayor que todos perseguimos”, planteó el sector.
