ASP-B dice que las tarifas públicas del puerto de Arica no deben aplicarse a la carga boliviana
Por Edwin Miranda V. / Activo$ Bolivia / Bolivia Energía Libre-La Paz
Las tarifas públicas que tiene el puerto de Arica no deben aplicarse a la carga boliviana porque no existe ninguna disposición legal que autorice la vigencia de costos al margen de un acuerdo entre partes, informó el gerente de la Administradora de Servicios Portuarios Bolivia (ASP-B), Dante Justiniano.
“Al no existir un nuevo acuerdo, por el principio de ultraactividad, el acuerdo de 2019, continua vigente ante el vacío normativo de un (nuevo convenio) entre entidades estatales, ello bajo el principio de buena fe; por lo que no es admisible la aplicación de sus tarifas públicas, al no estar sujetas a una reglamentación definida por mutuo acuerdo y en actos públicos”, afirmó Justiniano en respuesta a un cuestionario enviado por Activo$ Bolivia.
Debido a que la ASP-B y EPA no lograron un nuevo acuerdo tarifario (el último feneció el 4 de agosto), las autoridades bolivianas reclamaron que EPA aplica tarifas con más del 200% de incremento a la carga boliviana.
Al respecto, el gerente general de EPA Rodrigo Pinto respondió desde Arica, vía Zoom, que ese puerto es público “y en esa condición, tiene un tarifario. Es como la carta de un menú en un restaurante. Esos precios existen desde el año 2004, siempre estuvieron vigentes y en el puerto pagan los precios actuales todos los usuarios”.
Dijo que la única excepción a la regla es la ASP-B (porque se le aplican tarifas reducidas), que es un intermediario de los importadores bolivianos a pesar que fue concebida en 2015 como una empresa.
Justiniano tiene otra posición al respecto. Asegura que el Manual de Servicios de la concesionaria TPA S.A. (concesionaria de EPA) señala que las tarifas públicas no deben aplicarse a Bolivia porque el Acuerdo de Tarifas suscrito el año 2019 no establece expresamente, como consecuencia de la no firma de un nuevo acuerdo, la aplicación automática de las tarifas contenidas en un manual emergente de un contrato de concesión entre el Estado chileno con un ente privado, en este caso EPA.
Tarifas gravosas
Al imponer costos en el puerto fuera de cualquier acuerdo de interés mutuo entre ASP-B y EPA, lo que está haciendo la concesionaria privada es imponer “tarifas gravosas”, denunció Justiniano.
Para demostrarlo puso de ejemplo la denominada Tarifa TSDR-436 “Recepción, Manipuleo y Traslado” a la que considera un sobre costo al tiempo de despacho de la carga de contenedores.
Divergencias
Desde la semana pasada, ASP-B y EPA, que administra la terminal portuaria de Arica, intercambian versiones contradictorias sobre las negociaciones para un nuevo acuerdo de descuentos para el comercio exterior de Bolivia.
EPA asegura que ofreció un descuento del 38% a la carga boliviana y que, a pesar de haber llegado a un acuerdo el 29 de julio de 2021, la ASP-B desechó la ventaja sin brindar ninguna explicación y dejó a las autoridades chilenas plantadas con las maletas en mano, pues el nuevo convenio debió suscribirse en la ciudad de La Paz, informó Pinto.
En respuesta, Justiniano dijo que “no se consensuó en ningún momento” ningún acuerdo en julio.
Aseguró también que Pinto “miente al referir que no hay incremento en los costos de los servicios portuarios, siendo que su operador (EPA), al aplicar arbitrariamente sus tarifas públicas que no son vinculantes a la carga boliviana, encarece en un 146% los costos operativos”.
Reveló que EPA subió la tarifa para un contenedor 40 pies de 40.69 a 108 dólares sin considerar que atenta contra el régimen de libre tránsito de mercancías bolivianas por el puerto de Arica, establecido en el Tratado de 1904.
“Este es el mecanismo que siempre se mantuvo vigente entre los dos Estados, a través de la firma de actas de entendimiento emergentes de la negociación bilateral, la cual siempre fue consensuada y nunca impuesta”, acotó Justiniano.
Pinto señaló al respecto que “los servicios y las tarifas no tienen nada que ver con el Tratado de 1094 y el libre tránsito de las mercaderías bolivianas, eso se respeta, se dejan fluir las cargas; pero los servicios tienen que pagarse, el Tratado no implica gratuidad”.
