La inversión en exploración llega a $us7 MM y el control estatal frena la expansión de la minería
Por Edwin Miranda V. / Bolivia Energía Libre-La Paz
La inversión en exploración no supera los $us7 MM por año y el control absoluto que tiene el Estado frena la expansión de la industria minera porque genera incertidumbre al capital privado –nacional o extranjero- que busca promover proyectos, señaló el exministro de Minería, Dionisio Garzón.
“(La) exploración se hace con dinero, con aproximadamente $us 7 millones año en el mejor de los casos para un solo proyecto”, afirmó la exautoridad como parte de un extenso documento de análisis sobre la situación en que se desarrolla la industria minera bajo el sugestivo título de “Minería con Camisa de Fuerza”.
Según Garzón “los planes de exploración normalmente son más (en otros países, pero en Bolivia) solo se llega a evaluaciones preliminares de áreas potenciales”.
Debido está situación cualquier proyecto “se vuelve eterno” y lo que la industria quiere para invertir “son proyectos mineros con PEA (Preliminary Economic Assessment por sus siglas en inglés) concluidos (para hacer factible cualquier propuesta y prestar certidumbre a la inversión)”.
Otro tema de importancia sustancial para la inversión privada en minería tiene que ver con la estructura que tiene el sector en el país.
Para Garzón “un aspecto primordial es la estructura del sector minero y las opciones que un inversor encuentra cuando quiere generar un nuevo proyecto minero”.
La Ley de Minería No. 535 (tiene como filosofía) “empoderar al Estado, (permite) ser permisivos con el sector minero artesanal cooperativo, y deja un rol secundario a la iniciativa privada que debe aceptar las reglas o perecer en el intento. Cuán complicado es en un país como (el nuestro hacer inversión en minería)”, apuntó.
Control Estatal «omnipotente» y ortodoxa
“El sector estatal, controlado por el Ministerio de Minería y Metalurgia, tiene un brazo legal para la problemática de derechos mineros (AJAM); un brazo operativo (Comibol) que ahora controla las minas: Huanuni, Colquiri, Corocoro, las metalúrgicas Vinto y Karachipampa. (La estatal minera) cedió el control del proyecto siderúrgico El Mutún y del Complejo Industrial de Recursos Evaporíticos del Salar de Uyuni (CIRESU), por presiones políticas y regionales, para dar nacimiento a las autárquicas Empresa Siderúrgica del Mutún y Yacimientos de Litio Bolivianos (ESM y YLB)”, describió Garzón el control que tiene el Estado sobre la industria minera.
Garzón llamo “estructura claramente ortodoxa” a la forma cómo administra el Estado la actividad minera, un sistema “que pretendía ser un sector estatal omnipotente”.
Sin embargo está manera de manejar la industria extractiva retrocedió, sistemáticamente, en el último siglo.
“La tendencia mundial hacia una globalización de la industria, se impuso y se impone frente a esquemas progresistas. De esta forma, querer hacer negocios en Bolivia (en el sector minero) es retornar en el tiempo y las dificultades son muchas”, subrayó la exautoridad de Estado.
Sin dinero suficiente y una estructura que no funciona
El exministro también señala que “la estructura (de la actividad minera) tiene instituciones especializadas en cada etapa del negocio pero, ¿funcionan?
La respuesta es obvia. Sergeomin, por ejemplo, tiene entre sus atribuciones destacadas, elaborar la Carta Geológica y un portafolio de proyectos y prospectos mineros para promocionar el potencial minero del país (Art. 80 de la Ley 535), pero ¿cómo lo hará con los esmirriados ingresos con que trabaja y donde la coparticipación del 10% del 85% de la Regalía Minera (RM), asignada a los gobiernos departamentales productores, es el ingreso principal?, reflexionó Garzón.
En los últimos años el nivel de la RM en Potosí, principal productor, fue de aproximadamente Bs 600 millones al año, con lo que la participación de Sergeomin, sería de Bs 51 millones anualmente, indicó el también experto en el área.
“Es obvio que la suerte de los departamentos con menor participación de la RM es decepcionante”, apuntó Garzón.
