La orfandad del Estado y los municipios lastran a la niñez y adolescencia
- La inversión pública es insuficiente en educación, salud y protección contra la violencia, menciona un estudio que presentaron UNICEF, Save the Children y la Federación de Asociaciones Municipales (FAM-Bolivia)
Por Bolivia Energía Libre / La Paz
La carencia de políticas públicas -transparentes, oportunas y efectivas- en educación, salud y protección contra la violencia, lastran a la niñez y adolescencia en el Estado, sentencia un estudio que presentaron UNICEF, Save the Children y la Federación de Asociaciones Municipales (FAM-Bolivia).
“Uno de los hallazgos más alarmantes del análisis es la inversión cada vez inferior destinada a la protección infantil frente a la violencia”, reporta el informe que promovió un diagnóstico pormenorizado en cuatro áreas: Protección Infantil; Gasto Social Municipal; Educación y Salud, declaradas sensibles para la población más vulnerable en el Estado: niñez y adolescencia.
El diagnóstico especializado abarca el periodo comprendido entre el 2021 y 2023. A pesar que miró a detalle solo tres años los hallazgos son preocupantes debido a que “la medición de la contribución del Estado en la reducción de las brechas sociales, así como la identificación de los presupuestos específicos necesarios para garantizar servicios de calidad a la población es limitada por la falta de datos y, por un análisis poco detallado de las políticas públicas destinadas a la niñez y adolescencia”, señala el informe.
Debido a esta situación “la escasa información sobre la inversión pública centrada en la niñez y adolescencia sigue siendo una barrera para evaluar con precisión los avances y resultados alcanzados por el Estado en la garantía de los derechos de los sectores vulnerables”, subraya el documento.
Protección frente a la violencia, una agenda pendiente para el Estado y los municipios
Un asunto central del diagnóstico tiene que ver con la protección de la niñez y adolescencia frente a la violencia. El informe señala al respecto que “en promedio, menos del 1% del presupuesto de los municipios son destinados a este campo. La insuficiencia de recursos frente a la magnitud del problema de la violencia contra los niñas, niños y adolescentes (NNA), amerita de parte de las autoridades nacionales y regionales “reflexionar si es posible avanzar en la protección efectiva con tan escasos recursos”, invoca al análisis el informe.
Por el contrario, los municipios destinan más dinero del presupuesto anual que reciben del Tesoro General del Estado, a las Defensorías de la Niñez y Adolescencia y, a los SLIM (Servicio Legal Integral Municipal), con un 83%, precisa datos.
Mientras que solo el 10 % están orientados a programas de prevención de violencia y el 7 % al fortalecimiento de la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (FELCV), dependiente de la Policía Nacional. “Esto limita la capacidad de contratar personal especializado y suficiente para ofrecer servicios de calidad”, precisa datos el documento.
Un mayor enfoque en la prevención no solo garantizaría una reducción de casos de violencia, sino que también representaría un ahorro significativo en la atención de hechos que vulneran la ley y, están sujetos a sanciones penales, subraya.
La educación está subordinada al empleo y los salarios
Una situación similar ocurre en materia de políticas educativas. El informe señala que a pesar que los fondos estatales aumentaron en educación -pasando de Bs 731 millones en 2021 a Bs 1.161 millones en 2024- “este incremento significa solo el 3 % del presupuesto nacional y solo el 5.1 % del presupuesto municipal”.
“La inversión educativa continúa siendo insuficiente para abordar las necesidades del sistema educativo en su totalidad”, apunta el documento.
Una realidad lacerante en educación es que “el presupuesto está principalmente enfocado a contratar servicios personales y no personales (42 %), materiales y suministros (33 %) y activos reales (22 %)”, precisa datos el diagnóstico.
Para educación, las transferencias del TGN es determinante pues contribuye con el 79 % de los recursos mientras que los municipios solo desembolsan el 13 %, y otras fuentes contribuyen con un 8 %. “Esto muestra la dependencia de las transferencias nacionales y rezaga la autonomía financiera municipal”.
Escasa inversión en prevención, vacunación e infraestructura para salud en los municipios
La orfandad del Estado y los municipios también es evidente en materia de salud. El diagnóstico señala que “el 94% del presupuesto asignado por el TGE a los municipios son destinados a pagar sueldos y servicios no personales frente al gasto de capital en infraestructura sanitaria, administración y funcionamiento de los servicios de salud, quedando escaso margen para prevención y vacunación y otros programas específicos solo un 5 %”, subraya el informe.
Al igual que en educación, en los últimos años creció el presupuesto para salud. De acuerdo a los datos relevados por el documento los fondos destinados a este campo subieron de Bs 1.036 millones en 2021 a Bs 1.296 millones el 2023.
En los municipios el gasto en salud experimentó crecimiento llegando al 6.6% en promedio, superior al que destina el TGE que llega solo al 5%, menciona cifras el informe.
El gasto en salud en los municipios depende hasta un 79 % del financiamiento del Tesoro General de la Nación, señala el diagnóstico.
Gasto per cápita en salud
El informe destaca sin embargo que el desempeño presupuestario en salud en los municipios es positivo y altamente destacable.
“En promedio oscila entre 75 % y 80 %, aunque es bastante heterogénea entre municipios, la más alta llega el 100 % y, la más baja 40 %.
Existe también una disparidad importante en el gasto en salud per cápita con un rango que va de Bs 50 a Bs 10.000 por niño”, subraya el informe especializado.
Inversión asimétrica en los municipios
La inversión en gasto social en los municipios -vivienda, educación, salud, medioambiente y protección social- es asimétrica, menciona el documento.
El análisis del gasto social municipal muestra un incremento nominal en el periodo 2021 a 2023, sin embargo, la distribución de estos recursos sigue siendo desigual. En términos generales, el gasto social se concentra principalmente en vivienda y servicios comunitarios, seguido por salud, educación y protección social, señala el documento.
La inversión en políticas destinadas a medioambiente en los municipios es el más ínfimo, por no decir, casi inexistente, apunta el diagnóstico.
