El nuevo presidente de COMIBOL debe migrar cooperativas del Cerro Rico para evitar mayor degradación geológica

Por Bolivia Energía Libre / La Paz

La urgencia y necesidad de migrar un centenar de mineros de la cota 4.400 del Cerro Rico y así evitar una mayor degradación geológica del macizo rocoso, constituye un desafío a corto, mediano y largo plazo, que el nuevo presidente ejecutivo de la Corporación Minera de Bolivia (COMIBOL), José Fernando Córdova, tendrá que encarar, sin pérdida de tiempo.

Ingeniero metalurgista de profesión, el flamante mandamás de la empresa más importante que tiene el Estado para la producción minera-metalúrgica, juró al cargo al mediodía de este lunes 8 de diciembre una vez que el Primer Mandatario, Rodrigo Paz, firmará la Resolución Suprema No. 32154, por la cual designó a Córdova al frente de la Corporación.

“Disfruten este momento, porque después habrá mucho trabajo”, envió el mensaje a Córdova y, otras cuatro autoridades ejecutivas, el ministro de Minería, Marco Antonio Calderón de la Barca Quintanilla, minutos después que tomó el juramento de rigor en dependencias de esa cartera de Estado.

Junto a Córdova fueron posesionados Walter Luis Landívar Castedo, Viceministro de Política Minera, Regulación y Fiscalización; Pánfilo Marca Nina, Viceministro de Cooperativas Mineras; Hugo Marcelo Arzabe Vásquez, Gerente General de la Empresa Metalúrgica Vinto; y Jorge René Bellot La Torre, Director Ejecutivo del Servicio Geológico Minero (SERGEOMIN).

“El sector minero y metalúrgico requiere autoridades firmes, competentes y con profundo compromiso de servicio, tomando en cuenta que las instituciones que hoy renuevan sus direcciones desempeñan un rol clave en la regulación, fiscalización, exploración geológica y producción estratégica del país”, invocó esfuerzos el titular de minería.

Córdova reemplaza al ingeniero, Reynaldo Pardo Fernández, que estuvo al frente de la empresa los últimos años.

Cerro Rico, prioridad nacional

La nueva autoridad tiene al frente, desafíos monumentales, como el de la preservación del Cerro Rico de Potosí que, en los últimos cuatro años, fue motivo de conflicto permanente con las cooperativas mineras que arriendan el yacimiento histórico desde hace décadas y, con las instituciones regionales: Comité Cívico Potosinista (Comcipo) y la Universidad Autónoma Tomás Frías (UATF), que el año 2021 presentaron una Acción Popular en contra de la COMIBOL, el Ministerio de Minería y, el ex Ministerio de Culturas.

Con una sentencia constitucional que ordena la preservación de la gradiente del macizo rocoso sobre la cota 4.400 que obliga a la COMIBOL, relocalizar actividades extractivas, bajo la advertencia que, no hacerlo, implicará desobediencia a la ley y, por lo tanto, inicio de procesos penales en contra de los infractores, la empresa está inmersa en acciones de convencimiento permanente y, evitando, al mismo tiempo, enfrentamiento con los mineros cooperativistas.

De hecho, el próximo mes de enero de 2026, la Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Potosí (TDJ), tiene previsto llevar adelante una inspección de visu (in situ) para verificar cómo y bajo qué condiciones la COMIBOL está tomando acciones concretas para evitar la degradación geológica del Cerro Rico, declarado el año 1987, Patrimonio Cultural Histórico de la Humanidad por la UNESCO.

La falta de cumplimiento de la ley, de antemano, ya dejó, hasta ahora secuelas para las autoridades mineras.

Así, por ejemplo, durante una audiencia que se realizó en el mes de noviembre de este año la Sala Constitucional impuso una sanción económica para el entonces ministro de Minería, Alejandro Santos consistente en Bs 20.000, mientras que, para la también exministra de Culturas, Esperanza Guevara, durante el gobierno del expresidente, Luis Arce, ordeno la cancelación de Bs. 50.000, además de la remisión de antecedentes al Ministerio Público, por incumplimiento de la sentencia constitucional 1062 de agosto de 2022 por el cual se dispuso la preservar del Cerro Rico.

“Se sigue cumpliendo la Sentencia Constitucional 1062/2022 de 19 de agosto de 2022”, declararon los vocales de la Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia (TDJ) de Potosí, al término de una audiencia a la que convocaron al Ministerio de Minería y la Corporación Minera de Bolivia (COMIBOL), entonces, según informó la corporación en una nota de prensa.

 La decisión fue asumida en su condición de accionados (demandados); y al Comité Cívico Potosinista (Comcipo) y la Universidad Autónoma Tomás Frías (UATF), en calidad de accionantes (demandantes), en la que se dilucidó un recurso de cumplimiento de la Sentencia Constitucional No. 1062/2022 del 19 de agosto de 2022 para la preservación geológica del Cerro Rico de Potosí.

 La determinación se conoció después de casi cuatro horas de audiencia que incluyó una inspección in visu al Cerro Rico de Potosí -que no se hizo- para verificar el grado de cumplimiento de la sentencia constitucional que, en sus partes resolutivas, dispuso hace cuatro años:

 “Se ordena que al Ministerio de Minería y Metalurgia, como cabeza del sector minero y a la COMIBOL, tanto en su organismo central, como regional, observe sus funciones de control y supervisión del efectivo cumplimiento de los contratos cooperativos mineros; y en su caso, asuma las medidas administrativas correspondientes que aseguren que las cooperativas mineras cumplan sus labores mineras, en el marco de la normativa especial establecida por el Decreto Supremo 27787 de 8 de octubre de 2004; es decir, estabilizando la gradiente del Cerro de Potosí, preservando su estructura morfológica rocosa y la estabilidad de los terrenos, como condición necesaria para la sostenibilidad y perdurabilidad de la fuente de trabajo”.

La gestión saliente encaró, hasta el mes pasado, el proceso judicial que está vigente, haciendo conocer a los tribunos de la sala que la COMIBOL viene desplegando esfuerzos institucionales en coordinación con las cooperativas mineras, acciones en dos direcciones: la migración de actividades extractivas de las zonas declaradas prohibidas y, la mitigación de los hundimientos geológicos con relleno seco, un proyecto de emergencia que se viene aplicando desde la gestión 2022 de forma ininterrumpida.

Córdova, ahora tendrá que tomar la posta y, llevar adelante la estrategia que viene aplicando la empresa o, en su caso, tendrá que imponer cambios, siempre bajo la presión de la ley, que como se ha informado, no tiene previsto dar marcha atrás.