Chile aprueba reforma económica para impulsar inversión minera y Bolivia no acelera decisiones estructurales
Bolivia Energía Libre / La Paz
El Congreso de Chile aprobó y despachó a ley la reforma económica impulsada por el presidente José Antonio Kast, una iniciativa que busca reactivar el crecimiento del país mediante incentivos a la inversión, rebajas tributarias y modificaciones regulatorias. La medida cobra especial relevancia para la minería, considerando que Chile es el mayor productor mundial de cobre.
Bolivia, por su parte, no acelera decisiones estructurales y, hasta ahora, la publicitada cumbre minera, no dejó resultados palpables y el actual ministro de Minería, Marco Antonio Calderón de la Barca Quintanilla, se militó a publicitar que un grupo de «notables» redactará el nuevo Código Minero, sin precisar cuando comenzarán a procesar el documento y, por que tiempo.
«Para la elaboración del Código Minero vamos a tener abogados para esta función y vamos a definir con todos los actores que participen cómo llevar a cabo esta tarea. Yo no soy abogado, por lo tanto no voy a estar en la comisión, pero voy a seguir de cerca todos los lineamientos», anticipó decisiones en medio de un ambiente de pugna de intereses sectoriales que tienen las cooperativas mineras, principales actores junto a la empresa privada y la minería estatal.
Chile avanza con visión estratégica
No obstante, la entrada en vigor de la norma no será inmediata. El Gobierno anunció que presentará un veto presidencial para eliminar algunos artículos incorporados durante el debate legislativo, mientras que otras disposiciones serán revisadas por el Tribunal Constitucional, lo que podría retrasar su implementación definitiva.
Tras la aprobación del proyecto, el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, afirmó que la reforma representa un paso para recuperar el crecimiento económico y fortalecer la competitividad del país. Según indicó, el Ejecutivo continuará impulsando nuevas iniciativas orientadas a atraer inversión y promover el desarrollo empresarial.
La denominada «megarreforma» constituye el principal proyecto económico de la administración de Kast, quien asumió la presidencia en marzo con el compromiso de dinamizar la economía chilena tras varios años de bajo crecimiento y menor inversión.
Entre las principales medidas destaca la reducción gradual del impuesto corporativo, que pasará del 27% actual al 23% en 2029. El Ejecutivo sostiene que esta rebaja fortalecerá la competitividad y estimulará nuevas inversiones, aunque sectores de la oposición cuestionan que no existen garantías de que el beneficio tributario se traduzca en mayores proyectos productivos.
La reforma también modifica 36 leyes y 15 decretos, incorporando medidas relacionadas con la reconstrucción de zonas afectadas por incendios, la relocalización de concesiones acuícolas y otros cambios regulatorios que impactan distintos sectores económicos.
Sin embargo, el Gobierno buscará excluir mediante veto disposiciones vinculadas al denominado derecho al olvido financiero, el cobro de intereses sobre intereses y ajustes en los plazos de pago a las pequeñas y medianas empresas. Estas modificaciones deberán volver a ser evaluadas por el Congreso.
En paralelo, el Tribunal Constitucional analiza requerimientos presentados por la oposición sobre artículos relacionados con concesiones acuícolas, procedimientos de evaluación ambiental —incluidas compensaciones a inversionistas— e invariabilidad tributaria para nuevos proyectos de inversión.
Analistas consideran que la aprobación de la reforma representa un avance para mejorar el clima de negocios, aunque advierten que la incertidumbre jurídica podría afectar parte de los beneficios esperados. Mariano Machado, de la consultora Verisk Maplecroft, señaló que el proyecto se convirtió en una «prueba de credibilidad» para la capacidad de Chile de ofrecer estabilidad regulatoria de largo plazo. A su juicio, el desafío será garantizar reglas claras y previsibles para atraer inversiones sostenibles, especialmente en sectores estratégicos como la minería.
